El Gobierno de Santa Fe informó que apenas el 10% de las familias notificadas por las falsas amenazas de tiroteos en establecimientos educativos cumplió con el pago de las multas impuestas para resarcir los costos de los operativos de seguridad desplegados ante cada alerta.
La confirmación fue realizada por la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, quien destacó que un reducido grupo de familias respondió favorablemente a las intimaciones realizadas por el Estado provincial.
“Entendiendo la importancia de esas familias que comprendieron el impacto negativo que estaban teniendo esas amenazas, en este momento desde la Fiscalía de Estado se empieza a trabajar en la judicialización del resto”, explicó la funcionaria.
La medida se enmarca en la estrategia impulsada por la Provincia para recuperar los recursos públicos utilizados en cada procedimiento policial, sanitario y de emergencia activado por amenazas falsas de ataques o tiroteos en escuelas.
La Provincia avanzará por la vía judicial
Coudannes precisó que, ante el bajo nivel de cumplimiento, el fiscal de Estado, Domingo Rondina, comenzará a promover las acciones judiciales correspondientes contra quienes no abonaron los montos reclamados.
“El fiscal de Estado comienza desde su lugar, desde su rol, a judicializar como ya lo habíamos dicho en su momento, que iban a comenzar las actuaciones judiciales si no se realizaba el pago”, sostuvo.
Además, remarcó que habrá consecuencias para quienes decidieron no cumplir con la intimación. “Por supuesto que va a haber una consecuencia respecto de aquellos que no han pagado”, afirmó.
¿Habrá alternativas para quienes no puedan pagar?
Consultada sobre la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para aquellas familias que no cuentan con recursos para afrontar el pago, como por ejemplo trabajos comunitarios, Coudannes explicó que esa decisión quedará en manos de la Justicia una vez iniciados los expedientes.
“Por ahora es el inicio de actuaciones judiciales a través de la Fiscalía de Estado y es una medida que, si hay otras alternativas de solución, también desde la Justicia serán impartidas desde allí”, señaló.
En ese sentido, aclaró que serán los magistrados quienes tendrán la facultad de evaluar eventuales alternativas. “Son ellos quienes tienen, luego de iniciadas las actuaciones, la potestad para poder hacerlo”, agregó.
El impacto de las amenazas falsas
Las falsas amenazas de tiroteos registradas en distintas escuelas de la provincia provocaron durante los últimos meses evacuaciones preventivas, suspensión de actividades y un importante despliegue de recursos de seguridad y emergencia.
Ante esa situación, el Gobierno provincial resolvió reclamar económicamente a las familias de los menores identificados como responsables con el objetivo de recuperar los gastos ocasionados y generar conciencia sobre las consecuencias que este tipo de conductas tienen para el sistema educativo y para toda la sociedad.
Ahora, con un nivel de cumplimiento que ronda apenas el 10%, la Provincia avanzará con la judicialización de los casos pendientes, mientras la Justicia definirá los pasos a seguir para cada situación en particular.
