Este jueves comenzó la etapa de alegatos de clausura en la causa Laguna Paiva II, el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y que tiene como eje el abandono y la vulneración de derechos sufrida por niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico-militar.
La audiencia inició con los alegatos de la querella, representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y continuó con la exposición de la Fiscalía. En paralelo, organismos de derechos humanos realizaron una radio abierta en las inmediaciones del Tribunal para acompañar a las víctimas y visibilizar la trascendencia del proceso judicial.
El debate comenzó en mayo y tiene como imputados al exjuez federal Víctor Brusa y a los expolicías Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti, acusados por secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y el abandono de personas en perjuicio de integrantes de la familia Páez Medina.
Un juicio histórico por el abandono de las infancias
La causa tiene como uno de sus puntos centrales el análisis de lo ocurrido con los hijos de Arnaldo Catalino Páez, referente regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), quien fue secuestrado junto a su familia durante la última dictadura.
Para la querella, el abandono sufrido por los niños y adolescentes luego de la detención ilegal de sus padres formó parte del accionar represivo estatal y constituye un delito que hasta ahora no había sido juzgado de manera específica en un proceso de estas características.
El abogado de la APDH, Federico Pagliero, destacó el carácter histórico del juicio y señaló que la denuncia surgió a partir de los testimonios de las propias víctimas.
“Ellos nos decían: ‘Fuimos abandonados’. Los padres decían: ‘Nuestros hijos fueron abandonados'”, explicó.
Pagliero sostuvo que el Tribunal tiene la responsabilidad de reconocer lo sucedido y afirmó: “Hubo abandono de infancias”.
Además, adelantó que la querella solicitará la pena máxima prevista para los delitos que se juzgan. “Si no utilizamos el máximo de la escala penal para estos delitos, ¿para cuál nos vamos a reservar esa escala penal?”, planteó, y señaló que pedirán condenas de hasta 25 años de prisión.
“Esperamos casi 46 años”
Antes del inicio de los alegatos, Mario Páez, una de las víctimas de la causa, expresó la importancia de esta instancia judicial y remarcó el tiempo que debió esperar su familia para llegar a esta etapa.
“Para nosotros es muy importante este segundo juicio de Laguna Paiva, porque estuvimos casi 46 años de espera”, manifestó.
Páez recordó que durante el primer juicio se abordaron principalmente los hechos vinculados a su secuestro, pero que quedaba pendiente analizar lo ocurrido con sus hermanos menores, quienes quedaron a cargo de otros familiares luego de la desaparición de sus padres.
“Faltaba el resto, que eran las niñas que fueron abandonadas, amontonadas. La mayor de las mujeres, Mónica, se hizo cargo de seguir y cuidar a sus hermanos mientras nosotros estábamos secuestrados”, relató.
El sobreviviente también cuestionó los años de demora y las situaciones de impunidad que, según sostuvo, aún persisten. “Creemos en la Justicia y estamos pidiendo lo que creemos correcto: justicia”, afirmó.
El pedido de las víctimas
María de Olinda Itatí Páez también estuvo presente durante el inicio de los alegatos y relató las consecuencias que tuvo la represión en su familia.
Contó que su madre estaba embarazada de ella cuando fue secuestrada junto a su hermano y su padre, y que recién durante su adolescencia comenzó a conocer la dimensión de los hechos sufridos por sus familiares.
“Me termino de enterar en el primer juicio de cosas que jamás me imaginé. Si me cuesta contarlo, me cuesta creerlo”, expresó.
Además, reclamó que se revisen las condiciones de detención de los condenados y pidió que su familia pueda vivir sin temor.
“Queremos que mi madre, mis hermanos, mi familia y mis sobrinos puedan vivir en una sociedad en paz”, señaló.
“Ellos eran niños, fueron abandonados. Esas personas sabían a lo que quedaban expuestos, a los peligros a los que quedaban expuestos, y no les interesó”, agregó.
Luego de los alegatos de la Fiscalía y la querella, será el turno de las defensas de los imputados. Posteriormente, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe deberá avanzar hacia la etapa final del proceso y dictar sentencia.
