La contadora pública nacional Gabriela Fernanda Iozia de 43 años fue condenada como autora de 108 estafas al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Santa Fe y la falsificación de cinco documentos privados. Así lo dispuso el juez José Luis García Troiano en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.
La condena impuesta a Iozia es a tres años de prisión de cumplimiento efectivo –la cual se implementará bajo la modalidad de prisión domiciliaria a raíz de un problema de salud de la mujer–, cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, el pago de una reparación económica de 1.500.000 pesos a la institución perjudicada y la entrega de 200.000 pesos al MPA en concepto de multa.
La fiscal que investigó los hechos ilícitos es María Laura Urquiza. La funcionaria del MPA se refirió a las calificaciones penales por las que se condenó a la profesional e indicó que “fue por la autoría de estafas reiteradas en 108 veces (en concurso real entre sí), y falsificación de documento privado en cinco oportunidades (en concurso ideal entre sí)”.
Facturas y certificados falsos
“Los delitos que investigamos fueron cometidos entre el 31 de diciembre de 2015 y el 27 de enero de este año”, precisó la fiscal Urquiza. “La condenada presentó 108 facturas falsas y certificados médicos con contenido y firma profesional falsos”, agregó.
La funcionaria del MPA explicó que “mediante ardid, la condenada indujo a error al departamento de Servicios Sociales del colegio profesional, lo que motivó el pago en concepto de reintegro de gastos presentados en esas facturas falsas”.
“Fueron 108 facturas que utilizó para pedir el reintegro injustificado de supuestos gastos de traslados en remises y de hospedaje en Córdoba a raíz de un supuesto tratamiento posoperatorio que dijo que hacía en esa ciudad”, detalló la fiscal.
En relación a los documentos privados que falsificó la condenada, la fiscal Urquiza informó que “fueron confeccionados en recetarios del Centro Médico Hospital Privado de la ciudad de Córdoba, e insertó en ellos firmas y un sello falsos de un profesional de la salud”.
Conformidad
Urquiza subrayó que “la condenada admitió expresamente su culpabilidad en los hechos ilícitos investigados” e hizo hincapié en que “el Consejo de Ciencias Económicas, a través de su representante legal, prestó su conformidad para la realización del juicio abreviado en los términos en los que se concretó”.
