El Tribunal Oral de Santa Fe investiga si el ex juez Víctor Brusa tiene armas de fuego en su vivienda del barrio Sur, donde cumple arresto domiciliario desde el pasado 7 de diciembre.
El fiscal Martín Suárez Faisal elevó un pedido y la jueza de ejecución de la sentencia, Lilia Carnero, requirió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) que informe si Brusa “posee algún arma registrada a su nombre”, y en tal caso, “cancele toda autorización para tenerla y/o portarla” y lo “intime a entregarla ante ese organismo”. La magistrada ya dispuso la “vigilancia electrónica” del represor a través de una “pulsera transmisora”, decretó su “prohibición de salir del país”, notificó la orden a la Dirección Nacional de Migraciones y ahora también ofició al Registro Nacional de las Personas para que tampoco le entreguen un pasaporte nuevo. Todo, a requerimiento del Ministerio Público.
Suárez Faisal ya solicitó seis medidas para controlar la libertad domiciliaria de Brusa, entre ellas investigar si tiene armas de fuego a su alcance. Son todas las que propone el protocolo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para que los genocidas no burlen los privilegios que les otorgan los jueces.
Brusa tiene una condena unificada a 23 años de cárcel por “asociación ilícita” y “apremios ilegales” a nueve militantes políticos. Estuvo preso 13 años, le faltaban 10 y ya volvió a su casa.
El pasado 19 de diciembre, organismos de derechos humanos, tanto como organizaciones sociales y sindicales realizaron un escrache frente al domicilio del exjuez, a media cuadra del Juzgado Federal local donde se desempeñó como juez hasta el año 2000.
