El Senado de Santa Fe debatirá este jueves un proyecto de ley que propone prohibir en toda la provincia la actividad de los denominados cuidacoches o “trapitos”. La iniciativa, que se prevé obtenga media sanción, también contempla sanciones para quienes realicen esta práctica y la creación de un registro orientado a la capacitación laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
El proyecto fue impulsado por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y apunta a impedir cualquier actividad vinculada con la reserva, administración o cuidado informal de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como el lavado de vehículos sin autorización oficial.
Según explicó el legislador, la propuesta busca responder a una problemática que, en algunos sectores urbanos, generó conflictos entre vecinos y conductores. Seisas sostuvo que la práctica derivó con el tiempo en situaciones de presión, disputas territoriales y cobros indebidos, y aseguró que el objetivo es “recuperar el espacio público” mediante un esquema que combine control estatal y alternativas de inserción laboral.
Cambios en el Código de Faltas
La iniciativa plantea modificaciones en la Ley 10.703 para incorporar sanciones específicas. Las penalidades previstas van desde multas de 10 a 50 unidades fijas hasta arrestos de entre cinco y quince días en casos de reincidencia o cuando se detecten organizaciones coordinadas dedicadas a esta actividad.
Además, el proyecto establece agravantes cuando la práctica se realice mediante amenazas o violencia, en áreas de estacionamiento medido o en las inmediaciones de eventos masivos, en un radio de hasta 20 cuadras.
Registro y programas de inserción laboral
El texto también incluye un componente social. Propone la creación del Registro de Cuidadores Irregulares de la Vía Pública (ReCuid), que permitirá identificar a personas que actualmente realizan esta actividad y facilitar su incorporación a programas de formación en oficios y a un portal de intermediación laboral.
Como incentivo, la iniciativa prevé que el Estado provincial subsidie durante un año el 60% del salario mínimo de aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten de manera formal a personas inscriptas en ese registro.
Tras su tratamiento en el Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados de Santa Fe para su debate y eventual sanción definitiva.
