El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise un fallo que ordena aplicar la ley de emergencia en discapacidad, al considerar que su implementación podría afectar las cuentas públicas y generar consecuencias de amplio alcance.
La presentación busca dejar sin efecto una decisión judicial que declaró inválido un decreto del Poder Ejecutivo que había suspendido la aplicación de la norma. En ese fallo, el juez Adrián González Charvay había ordenado la implementación inmediata de la ley, criterio que luego quedó firme tras una resolución de la Cámara Federal de San Martín.
En su planteo ante el máximo tribunal, el Estado sostuvo que la decisión judicial “genera una situación de gravedad institucional”, al tiempo que advirtió que obliga a realizar erogaciones presupuestarias sin contar con fuentes de financiamiento previamente definidas.
Según argumentó el Ejecutivo, la aplicación de la ley podría comprometer la sostenibilidad fiscal y afectar el funcionamiento del sistema de seguridad social, además de poner en riesgo el financiamiento de áreas consideradas críticas.
El recurso también remarca que el caso trasciende el interés de las partes involucradas, al entender que sus efectos impactan en el conjunto de la sociedad. En ese sentido, el Gobierno pidió que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que implicaría frenar la aplicación de la sentencia hasta que se pronuncie la Corte.
El conflicto se originó tras la sanción de la ley por el Congreso en 2025 y su posterior suspensión mediante un decreto del Ejecutivo, que argumentó la falta de previsión presupuestaria. Esa decisión fue cuestionada judicialmente y derivó en el fallo que ahora el Gobierno busca revertir.
