La situación del PAMI volvió a instalarse en la agenda política y ya genera tensiones en el Congreso, donde sectores de la oposición buscan avanzar con una declaración de emergencia ante las dificultades que se registran en distintas provincias.
El reclamo surge en medio de denuncias por reducción de prestaciones, demoras en la atención y recortes en los pagos a profesionales de la salud. Casos reportados en ciudades como Marcos Juárez, Concordia, Rosario y Puerto Madryn reflejan un escenario dispar en el acceso a servicios para afiliados.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que el sistema continúa funcionando con normalidad. El titular del organismo, Esteban Leguizamo, aseguró que la cobertura médica y de medicamentos está garantizada, en línea con lo informado por el Gobierno nacional sobre la ejecución del presupuesto vigente.
Sin embargo, informes técnicos advierten una caída real en los recursos destinados al organismo. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante el primer trimestre de 2026 las transferencias registraron una baja interanual significativa en términos reales, lo que impacta en la operatoria cotidiana del sistema.
A esto se suman cambios recientes en el esquema de pagos a médicos de cabecera, establecidos por una resolución del PAMI que fija un monto mensual por afiliado y elimina adicionales por consultas y seguimiento. Entidades profesionales sostienen que esta modificación implica una reducción importante de ingresos y podría afectar la disponibilidad de atención.
Frente a este panorama, legisladores del peronismo en el Senado impulsan un proyecto para declarar la emergencia del PAMI por un año, con el objetivo de destinar fondos adicionales, regularizar deudas con prestadores y actualizar aranceles. La iniciativa también contempla mecanismos de ajuste periódico en función de la inflación.
El debate, sin embargo, enfrenta obstáculos en el ámbito parlamentario. Según denuncian desde la oposición, la falta de actividad en comisiones clave dificulta el tratamiento de proyectos vinculados al sistema de salud, lo que mantiene en suspenso posibles soluciones legislativas.
En paralelo, se multiplican los pedidos de informes desde distintos bloques para conocer el estado de las prestaciones y la ejecución presupuestaria del organismo. Por el momento, varios de esos requerimientos no obtuvieron respuesta oficial.
Mientras tanto, la situación del PAMI continúa bajo seguimiento, en un contexto donde crece la preocupación por el acceso a la atención médica de los adultos mayores.
