En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, el Gobierno nacional confirmó que convocará a las autoridades de las casas de estudio a una mesa de diálogo una vez finalizada la movilización, con el objetivo de avanzar en la discusión sobre el financiamiento del sistema.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y contempla, entre otros puntos, la creación de una comisión integrada por rectores de universidades que cuentan con hospitales, para definir criterios en la distribución de fondos que, según señalaron, hasta ahora se asignaban de manera discrecional.
Durante un encuentro con la prensa, del que participó el medio Infobae, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicó que el objetivo es establecer mecanismos más transparentes en la asignación de recursos y facilitar el acceso público a la información. En esa línea, adelantó que se trabaja en el desarrollo de una plataforma web que permita conocer el destino de los fondos destinados a las universidades.
El funcionario también puso el foco en la falta de indicadores actualizados sobre el costo por estudiante y por graduado, al considerar que se trata de datos clave para evaluar la situación real del sistema. Según cifras oficiales, actualmente hay cerca de 1,98 millones de estudiantes universitarios en el país, aunque menos de la mitad mantiene una condición regular.
Desde el Ejecutivo insistieron en que no existe una postura en contra de la universidad pública, pero remarcaron la necesidad de avanzar hacia un “gasto eficiente” y con mayor control social. En ese marco, también cuestionaron la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei, al sostener que presenta inconsistencias normativas y carece de respaldo presupuestario.
En relación con los hospitales universitarios, uno de los puntos más sensibles del conflicto, el Gobierno señaló que continuará garantizando las partidas previstas, aunque buscará redefinir los refuerzos adicionales a través de acuerdos con las instituciones. Según precisaron, en los últimos meses se mantuvieron las transferencias básicas, pero no los fondos extraordinarios.
Asimismo, desde la cartera educativa cuestionaron que algunas universidades aún no hayan implementado el cobro de matrícula a estudiantes extranjeros, pese a estar habilitadas para hacerlo, y plantearon la necesidad de revisar ese aspecto dentro del esquema de financiamiento.
Por último, las autoridades nacionales sostuvieron que la movilización universitaria tiene un componente político y remarcaron la importancia de que el debate se base en datos concretos. “Queremos que la sociedad pueda entender cómo se invierten los recursos y tomar posición con información clara”, señalaron.
La convocatoria al diálogo se concretaría en los días posteriores a la marcha, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el sistema universitario público.
