En su visita a la ciudad de Santa Fe, Daniel Arroyo expresó su profunda preocupación por la realidad que atraviesan las personas con discapacidad en el país. Como autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el legislador nacional señaló que la norma no se está cumpliendo y que el sistema se encuentra en un estado de colapso.
“Las personas no están accediendo a medicamentos, traslados ni terapias”, afirmó Arroyo durante una entrevista previa a su disertación en la UCSF. El exministro detalló que un acompañante terapéutico percibe apenas 4.600 pesos por hora con una demora de 120 días en el cobro, mientras que un transportista cobra el litro de nafta a valores que no cubren los costos operativos básicos.
Las tres propuestas para salir de la crisis
Más allá del diagnóstico, Arroyo planteó una hoja de ruta con tres pilares fundamentales que, según sostiene, deben garantizarse independientemente de quién gobierne:
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Transferencia monetaria: Implementar pensiones o mecanismos para compensar el 30% de gasto extra que tiene una familia con una persona con discapacidad.
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Nomenclador de salud: Asegurar un conjunto de prestaciones médicas que deben brindarse por ley de manera obligatoria.
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Sistema de cuidados: Fortalecer la red que integran acompañantes terapéuticos, especialistas y transportistas.
El legislador remarcó que poner en marcha esta ley tiene un impacto fiscal mínimo, representando apenas el 0,03% del presupuesto, por lo que atribuyó la falta de ejecución a una falta de voluntad política del Gobierno nacional.
El rol de la Justicia y la angustia de las familias santafesinas
Ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, el actual legislador anticipó que el próximo paso será la intervención de la Justicia para obligar a la reglamentación efectiva de la norma. “La ley no es un consejo, es una norma que hay que ejecutar”, sentenció con firmeza durante su charla.
Finalmente, Arroyo destacó la cercanía y la lucha de las madres, quienes cargan con la mayor tensión ante un Estado que, según perciben, está lastimando a sus hijos. Para el referente, la prioridad es establecer una línea de base que garantice derechos fundamentales y termine con la angustia que hoy viven miles de familias en la provincia y el país.
