La Asamblea Legislativa de Santa Fe aprobó este jueves la suspensión por 90 días, sin goce de haberes, de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Verónica Ballari, cuestionada por su intervención en las denuncias por violencia de género que había presentado la enfermera Ailén Ayelén Oggero antes de ser asesinada en febrero de 2025.
La medida fue adoptada en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas, luego de que la Comisión de Acuerdos recomendara avanzar con la sanción disciplinaria. Además de quedar apartada de sus funciones, la fiscal tendrá prohibido ingresar a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación durante el período de suspensión.
La decisión se produce mientras la investigación por el femicidio de Oggero continúa sin responsables identificados por la autoría material del crimen. A más de un año del asesinato, la causa sigue sin detenidos ni imputados por haber ejecutado los disparos que terminaron con la vida de la enfermera de 32 años.
Oggero fue asesinada el 18 de febrero de 2025 cuando salía de su vivienda de barrio Belgrano para dirigirse a su trabajo en el Hospital Centenario de Rosario. Un atacante le disparó siete veces en la puerta de su casa, ubicada en Prusia al 6700. Cinco de los proyectiles impactaron en su cuerpo. Los disparos fueron escuchados por sus dos hijos, que se encontraban dentro de la vivienda, y por su padre, Enrique Oggero.
La actuación de Ballari quedó bajo la lupa debido a las reiteradas denuncias que la víctima había presentado meses antes contra su expareja, Jonathan Oscar Omill. En esas presentaciones, Oggero describía una situación de violencia sistemática que incluía agresiones físicas, amenazas, privación ilegítima de la libertad y reiterados incumplimientos de las restricciones de acercamiento impuestas judicialmente.
Entre los hechos denunciados figuraba un episodio ocurrido en noviembre de 2024, cuando Omill habría ingresado por una ventana a una vivienda donde estaba la mujer, le sustrajo las llaves del automóvil y posteriormente regresó para agredirla físicamente, amenazarla y mantenerla retenida durante varias horas.
Sin embargo, la imputación formal contra Omill por esos hechos recién llegó después del femicidio. El acusado fue detenido el mismo día del asesinato y posteriormente condenado a cuatro años y seis meses de prisión mediante un juicio abreviado por los delitos vinculados a la violencia de género ejercida contra Oggero.
La familia de la víctima cuestionó desde un primer momento la actuación de la Fiscalía y sostuvo que existían elementos suficientes para haber intervenido con mayor celeridad frente a las denuncias previas. Los cuestionamientos apuntaron especialmente a la demora en adoptar medidas que pudieran haber protegido a la joven.
Mientras tanto, la investigación por el homicidio continúa abierta. Una de las principales hipótesis de los investigadores busca determinar si Omill tuvo algún grado de participación en la planificación del ataque. Otra línea de trabajo analiza posibles conexiones con personas vinculadas a organizaciones criminales de Rosario.
Hasta el momento, ninguna de las hipótesis permitió identificar al autor material de los disparos ni establecer quién ordenó el crimen. De esta manera, mientras la Legislatura avanzó con una sanción institucional contra la fiscal a cargo de las actuaciones previas, el femicidio de Ailén Oggero sigue sin respuestas judiciales sobre sus responsables directos.
