El Ministerio de Defensa de la Nación reconoció la profunda crisis salarial que atraviesan los uniformados y habilitó de forma inédita que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan acceder a un segundo empleo en el sector privado. La decisión oficial surge como respuesta directa a los sostenidos reclamos dentro de los cuarteles debido a la drástica pérdida del poder adquisitivo y el congelamiento de la jerarquización salarial, una política de la gestión anterior que buscaba equiparar sus haberes con los de las fuerzas de seguridad.
La resolución de la cartera de Defensa autoriza el desarrollo de actividades laborales complementarias siempre que se realicen fuera del horario de servicio técnico. La histórica disposición alcanza a todos los rangos del escalafón castrense, permitiendo que soldados, suboficiales y oficiales se desempeñen legalmente en el ámbito civil para reforzar la economía de sus hogares frente a salarios que perdieron competitividad de manera sostenida.
Profesionales calificados al volante y en tareas de reparto
Entre los rubros expresamente habilitados por las autoridades se encuentran el transporte de pasajeros mediante aplicaciones móviles, los servicios de delivery, la seguridad privada y otras ocupaciones análogas compatibles con el ejercicio de la función militar. De esta manera, personal altamente calificado y formado por el Estado en áreas estratégicas como logística, comunicaciones, inteligencia, operaciones tácticas y defensa territorial quedará habilitado a buscar ingresos extra en el mercado privado para compensar la devaluación de sus haberes.
Esta flexibilización expone además un grave problema estructural que afecta el funcionamiento interno del sistema de defensa: la creciente dificultad para retener al personal especializado. En los últimos tiempos, una gran cantidad de oficiales y suboficiales profesionales abandonaron la carrera militar atraídos por las mejores condiciones económicas del mercado civil. Distintos informes sectoriales vienen advirtiendo una caída marcada en el poder de compra castrense desde el inicio de la actual gestión, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público que afecta no solo los salarios, sino también la capacidad operativa de las fuerzas.
