Tras varios meses de tensión por el financiamiento de la educación superior, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sellaron un acuerdo salarial y presupuestario destinado a mejorar la situación económica de las universidades públicas y de sus trabajadores. No obstante, el entendimiento no puso fin al conflicto institucional, ya que las casas de estudio ratificaron que continuarán con la demanda judicial para reclamar la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El acuerdo contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en dos tramos: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según lo acordado, la actualización busca compensar parte del deterioro de los ingresos registrado desde 2024 y recuperar el poder adquisitivo perdido hasta mayo de este año. Además, se prevé la convocatoria a una mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes.
Entre los puntos destacados del entendimiento también figura el compromiso oficial de evitar que los salarios universitarios vuelvan a quedar rezagados frente a la inflación durante 2026. A ello se suma un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
El Gobierno también anunció una partida de 50 mil millones de pesos para el sostenimiento de los hospitales universitarios, una de las principales demandas planteadas por las instituciones académicas en los últimos meses.
Las negociaciones incluyeron además la situación de los docentes de establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La discusión sobre este punto continuará en el marco de futuras reuniones con los sindicatos.
Pese al avance logrado en materia presupuestaria, los rectores aclararon que el acuerdo no modifica su estrategia judicial. Las universidades mantendrán la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se garantice la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y cuya implementación permanece suspendida.
La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque actualmente se encuentra frenada por un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La definición final quedó en manos del máximo tribunal, que aún no estableció una fecha para resolver el expediente.
Desde el Gobierno sostienen que la ley presenta irregularidades porque no especifica de manera adecuada las fuentes de financiamiento requeridas para su ejecución. Por ese motivo consideran incompatible sostener el litigio mientras se avanza en acuerdos económicos con el sistema universitario.
En paralelo, los gremios docentes mantienen una postura cautelosa frente al anuncio. Desde las organizaciones sindicales remarcaron que todavía esperan una convocatoria formal a paritarias y manifestaron reservas respecto del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Mientras tanto, la comunidad universitaria continúa en estado de alerta. En las últimas semanas se realizaron clases públicas, movilizaciones y distintas medidas de protesta para reclamar una resolución favorable sobre el financiamiento del sistema educativo superior y garantizar el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país.
