El presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de tres jueces federales para cubrir vacantes en tribunales de la provincia de Santa Fe, una decisión que quedó plasmada en una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial.
Las medidas alcanzan a cargos estratégicos dentro de la Justicia Federal en las ciudades de Santa Fe y Rafaela, y cuentan con el acuerdo previo del Senado de la Nación, requisito establecido por la Constitución Nacional para este tipo de nombramientos.
Uno de los decretos designa a Emilio Rosatti como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. En tanto, Walter Alberto Rodríguez fue nombrado al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santa Fe, mientras que Santiago Joaquín Saux asumirá como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.
Los nombramientos fueron formalizados mediante los decretos 445, 446 y 447 de 2026, que llevan la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Cobertura de vacantes en la Justicia Federal
Las designaciones buscan cubrir cargos que permanecían vacantes en tribunales federales de la provincia, una situación que suele generar demoras en la tramitación de causas y una mayor carga de trabajo para los juzgados y tribunales en funcionamiento.
Con estos nombramientos, el Gobierno nacional avanza en la integración de organismos judiciales con competencia en causas federales, que abarcan desde investigaciones por narcotráfico y delitos económicos hasta conflictos vinculados con organismos nacionales.
Renuncia en la Cámara Civil
Además de los nombramientos, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Roberto Parrilli como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
La decisión fue oficializada a través del Decreto 444/2026 y tendrá efecto a partir del 1 de agosto próximo. Según se informó, la medida se enmarca en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo vinculadas a la designación y desvinculación de magistrados.
Se posterga el sistema acusatorio en Córdoba
En paralelo, el Ministerio de Justicia resolvió postergar la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
La puesta en marcha del sistema acusatorio estaba prevista para el 15 de junio de este año, pero finalmente fue reprogramada para el 8 de marzo de 2027 mediante la Resolución 274/2026.
De acuerdo con los fundamentos de la medida, la decisión responde a la necesidad de completar obras de infraestructura, incorporar equipamiento tecnológico y fortalecer los recursos humanos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo esquema procesal.
Los informes elaborados por distintos organismos judiciales señalaron la necesidad de ampliar salas de audiencias, adecuar espacios para oficinas judiciales y reforzar herramientas destinadas a la investigación de delitos complejos.
Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la prórroga permitirá implementar la reforma en condiciones adecuadas en una jurisdicción considerada clave por su volumen de causas y por su participación en investigaciones vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la criminalidad económica.
