Una investigación penal llevada adelante en la ciudad de Santa Fe logró desarticular la actividad delictiva de un grupo familiar oriundo de la provincia de Córdoba que se dedicaba a cometer hurtos mecánicos mediante el uso de sofisticados inhibidores de señal. El caso, que salió a la luz tras el análisis de registros vehiculares y cámaras de videovigilancia, terminó con condenas para un hombre con antecedentes penales y su hijo, mientras que su nuera quedó bajo suspensión de juicio a prueba.
La fiscal Rosana Peresín brindó precisiones sobre el modus operandi de los implicados y el seguimiento que permitió reconstruir los hechos, que tuvieron entre sus víctimas al fiscal santafesino Ignacio Lascurain.
El hilo conductor: del estacionamiento de un supermercado a las patentes cordobesas
El expediente judicial se inició a partir de un cuantioso robo perpetrado el 14 de agosto en el estacionamiento del supermercado Coto, lugar donde los delincuentes utilizaron un inhibidor para vulnerar el cierre centralizado de una camioneta Volkswagen Amarok y sustraerla.
La clave para resolver el entramado estuvo en el trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y sus pares de Córdoba, sumado al rastreo tecnológico en la vía pública.
“A raíz del análisis de fílmicos de las LPR (lectoras de patentes) de las cámaras y las RPR, se pudo determinar que el automóvil por el que se cometió el hecho era de la provincia de Córdoba”, precisó Peresín. Las pericias determinaron que el auto utilizado pertenecía a la nuera del conductor de una Suran vinculada a los ataques.
Condenas, antecedentes y una millonaria reparación
El principal investigado, identificado por su apellido, Pimentel, acumuló dos hechos en la capital provincial: el golpe en el supermercado de agosto y otro ataque similar cometido el 30 de octubre a bordo de un automóvil diferente.
Al contar con antecedentes penales —una condena previa por homicidio en la provincia de Córdoba y otra dictada este año por hurto simple en la ciudad de Esperanza—, la Justicia le impuso:
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Prisión efectiva: Una pena de un año y diez meses de reclusión.
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Sanción económica: El pago de una reparación de cuatro millones de pesos que será distribuida entre los damnificados.
Por su parte, su hijo, Lautaro Medrano, fue acusado por un hecho de febrero de 2025 en el que se utilizó un inhibidor para desvalijar una camioneta propiedad del fiscal Ignacio Lascurain. Al carecer de antecedentes, Medrano recibió una pena de ejecución condicional (en suspenso), mientras que la mujer imputada accedió a una probation con reparación económica.
Pese al vínculo de parentesco, la fiscal aclaró que por el momento no hay elementos para encuadrar las maniobras bajo la figura de una asociación ilícita o banda organizada.
Alerta por “robos temporales” y tecnología más sofisticada
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) advirtió que este tipo de delitos suele registrarse “por temporadas” en la ciudad, coincidiendo habitualmente con los meses de julio y agosto. “Pasa en las escuelas, la gente se baja y cierra el auto o la camioneta y no controla”, graficó.
Asimismo, Peresín lanzó una fuerte advertencia sobre la evolución de los dispositivos que utilizan los delincuentes, que ya no se limitan a los clásicos equipos de radiocomunicación manual (handies).
“Cuando uno se baja del automóvil tiene que chequear la puerta de que no quede abierta, porque es una distancia de 100 metros que puede inhibir la señal; y no solamente es con un handy, sino que se van perfeccionando”, alertó.
Finalmente, instó a la ciudadanía a no dejar llaves, tarjetas verdes ni documentación personal dentro de los habitáculos, debido a que se detectó que los malvivientes utilizan los datos hallados en los vehículos para luego irrumpir en los domicilios de las víctimas. Ante la sospecha de que existan más damnificados por este clan familiar, la fiscalía solicitó que quienes hayan sufrido episodios similares se acerquen a realizar la denuncia correspondiente.
