La concejala de La Libertad Avanza en Santa Fe, Ana Cantiani, denunció que 107 radares instalados sobre rutas nacionales en territorio santafesino funcionarían sin la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), por lo que solicitó la suspensión preventiva del cobro de las multas emitidas por esos dispositivos hasta que se determine su situación legal.
Según explicó, la información surge de documentación remitida por la propia ANSV y por Vialidad Nacional, de la que se desprendería que esos cinemómetros no cuentan con la habilitación requerida para operar. En ese contexto, sostuvo que las infracciones labradas mediante esos equipos podrían carecer de validez.
Ante esta situación, Cantiani presentó una actuación ante la Defensoría del Pueblo para solicitar una representación colectiva en defensa de los automovilistas afectados y reclamar el cese inmediato del cobro de las multas que aún se encuentran en trámite.
“El vecino se encuentra desorientado respecto de qué hacer. En total, en el país hay 152 radares no autorizados y 107 están en Santa Fe. Para la Nación esas multas son inválidas”, afirmó la edil.
La concejala aseguró que la situación genera incertidumbre entre quienes recibieron infracciones, ya que, según indicó, la normativa provincial mantiene vigentes esas sanciones mientras no exista una resolución judicial.
“El vecino se encuentra en un gris jurídico porque en Santa Fe te cobran la multa y, si la multa está firme, tenés el problema de que no podés renovar la licencia de conducir o no podés comprar o vender un auto”, señaló.
En ese sentido, explicó el objetivo de la presentación realizada ante la Defensoría del Pueblo.
“Lo que nosotros hicimos fue presentar en la Defensoría del Pueblo un pedido para una representación colectiva para todos estos damnificados por las multas de los radares no autorizados por la Nación y el pedido de un cese inmediato, urgente, del cobro de las multas que están en trámite hasta que se resuelva jurídicamente”, expresó.
La denuncia pone el foco en la validez de las infracciones emitidas por estos dispositivos y abre un nuevo debate sobre los controles de velocidad en rutas nacionales que atraviesan la provincia. Hasta el momento, el Gobierno de Santa Fe no emitió una respuesta oficial respecto de los cuestionamientos planteados por la concejala.
