El Gobierno nacional dispuso este jueves una ampliación del Presupuesto 2026 por más de 4 billones de pesos mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que incluye un incremento significativo de los recursos destinados a las universidades nacionales y un refuerzo presupuestario para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y contempla, entre otros puntos, una ampliación de $1,33 billones para el programa de Desarrollo de la Educación Superior del Ministerio de Capital Humano. Según el detalle oficial, el 98% de esos fondos será transferido a las universidades nacionales, mientras que el resto se utilizará para becas estudiantiles. El financiamiento provendrá íntegramente del Tesoro Nacional.
Primer paso para cumplir la cautelar
Desde la Casa Rosada sostuvieron que la reasignación constituye el “primer paso” para dar cumplimiento a la cautelar judicial que obliga al Ejecutivo a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Educativo, especialmente en lo referido a salarios de docentes y no docentes universitarios.
La decisión se produce después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y dejara firme la cautelar obtenida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El fallo judicial obliga a garantizar el pago de los salarios adeudados y de las becas estudiantiles previstas en la ley aprobada por el Congreso en 2025, una norma que había sido vetada por el presidente Javier Milei, aunque luego fue ratificada por ambas cámaras con mayoría especial.
Expectativa y cautela
La publicación del decreto generó expectativa entre las autoridades universitarias y los gremios del sector, que esperan una recomposición salarial cercana al 25%. Según los cálculos de los rectores, ese porcentaje surge de complementar los aumentos ya otorgados durante 2026 con la actualización pendiente derivada de la ley.
Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que la ampliación presupuestaria no implica un desembolso inmediato de los recursos. Señalaron que los créditos ya están habilitados para cumplir con la cautelar, pero que la transferencia efectiva podría realizarse en cualquier momento entre ahora y el 31 de diciembre.
De este modo, el Ejecutivo reconoció la necesidad de adecuar el presupuesto a la decisión judicial, aunque evitó confirmar un cronograma concreto de pagos.
Refuerzo para la SIDE y otros organismos
El DNU también incluyó un aumento de $49.261 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una de las mayores ampliaciones de crédito previstas en el decreto.
Además, recibieron refuerzos presupuestarios:
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Poder Judicial: +$111.138 millones.
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Ministerio Público: +$230.460 millones.
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Ministerio de Salud: +$158.349 millones.
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Poder Legislativo: +$89.422 millones.
Recortes en empresas estatales
Para compensar parte de la expansión del gasto, el decreto redujo transferencias a empresas públicas dentro de la partida Obligaciones a Cargo del Tesoro.
La principal baja recayó sobre Energía Argentina S.A. (ENARSA), que perdió $238.395 millones en transferencias corrientes, mientras que Nucleoeléctrica Argentina sufrió una reducción de $65.000 millones en transferencias de capital.
En conjunto, ambos recortes suman $303.395 millones, equivalentes a la mayor parte de las disminuciones presupuestarias contempladas en el decreto.
