El Senado de la Nación resolvió este jueves postergar el tratamiento de la denominada ley de propiedad privada y pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. La decisión fue impulsada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y obtuvo un amplio respaldo del pleno, con 65 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
La medida significó un nuevo revés legislativo para el Gobierno nacional, que no logró reunir los apoyos necesarios para avanzar con una iniciativa que acumula modificaciones desde hace meses y continúa generando diferencias tanto entre la oposición como en sectores dialoguistas.
Un proyecto que sigue sin alcanzar consensos
La postergación se produjo luego de varias semanas de negociaciones sin resultados concretos. Desde el oficialismo buscaban avanzar con una nueva versión del proyecto, pero las diferencias en torno a distintos artículos impidieron alcanzar los acuerdos necesarios para llevarlo a votación.
La fecha elegida para retomar el debate no es casual. El Senado entrará ahora en un receso de dos semanas y la próxima reunión ordinaria ya estaba prevista para comienzos de agosto.
En ese contexto, el oficialismo apostó a ganar tiempo para intentar reconstruir apoyos y acercar posiciones con distintos bloques parlamentarios antes de volver a llevar el tema al recinto.
Los puntos que generan mayor controversia
La iniciativa promovida por el Gobierno introduce modificaciones en diversos aspectos vinculados al régimen de propiedad privada. Entre ellos se encuentran cambios en los procedimientos de expropiación, los plazos para desalojos y la regulación sobre el uso y recuperación de tierras afectadas por incendios.
Sin embargo, uno de los puntos más debatidos está relacionado con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El último borrador establece que los Estados extranjeros no podrán adquirir este tipo de inmuebles y que las empresas con participación estatal extranjera solo podrán hacerlo con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional.
También se plantean restricciones para zonas de frontera, un tema que despertó cuestionamientos en distintas provincias.
Durante el proceso de negociación, además, fueron eliminados algunos artículos que habían generado fuertes objeciones, entre ellos aspectos vinculados a barrios populares y disposiciones relacionadas con el denominado “silencio administrativo”.
El oficialismo busca reordenar la estrategia
La ley acumula numerosas modificaciones desde su presentación y llegó a tener quince versiones distintas del texto, una situación que complicó las negociaciones parlamentarias y alimentó las críticas de distintos sectores políticos.
Ante la falta de acuerdos, La Libertad Avanza optó por evitar una votación que pudiera traducirse en una derrota más contundente dentro del recinto y decidió posponer la discusión para después del receso legislativo.
Mientras tanto, el Senado avanzó con otros temas incluidos en la agenda de la sesión. Entre ellos, aprobó 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos, iniciativas que sí lograron reunir los consensos necesarios.
Agosto, una fecha clave para el proyecto
La intención del oficialismo es retomar el tratamiento de la ley de propiedad privada el próximo 6 de agosto, junto con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la denominada ley “Hojarasca”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Hasta entonces, las negociaciones continuarán abiertas en busca de los votos necesarios para destrabar un proyecto que, pese a ser considerado prioritario por el Ejecutivo, todavía no logró consolidar una mayoría suficiente en la Cámara alta.
