Por Juani Citroni
La investigación por el funcionamiento de geriátricos clandestinos en Santa Fe no deja de sumar interrogantes. La justicia, encargada de esclarecer, según las víctimas hasta ahora sólo empañó más la causa y la presunta responsabilidad de la detenida María Laura Milia Gamboa. La exclusión de testimonios y pruebas aportadas, la débil imputación y la posibilidad de que todo termine en un juicio abreviado no hizo más que despertar el enojo de las víctimas y sus familiares para con el fiscal del MPA Manuel Cechini, quien lleva adelante las diligencias investigativas.
La imputación que el MPA le hace a Gamboa es la de abandono de persona, cuya expectativa de pena según el Código Penal Argentino es de 2 a 6 años de prisión. Si Gamboa recibe la mínima (menos de 3 años) quedará en libertad a pesar de ser condenada. Aquí aparece el primer dato llamativo: ¿por qué el fiscal Cechini solamente imputó el delito de abandono de persona, si según una importante cantidad de testigos, víctimas y la información que le proporcionaron al MPA existirían otros delitos pasibles de ser imputados? (privación ilegítima de la libertad, estafas reiteradas con agravantes, usurpación de identidad, posible asociación ilícita, reducción a la servidumbre, infracción a la ley de salud pública o incluso usurpación de bienes)
Además de la llamativa imputación, según Cechini existe la posibilidad de acordar un juicio abreviado. El abreviado es un proceso judicial rápido que permite resolver una causa penal, el requisito excluyente es que el acusado reconozca su participación en el hecho y la justicia condena sin avanzar en un juicio tradicional. A cambio de ahorrarse las costas del proceso, suele morigerarse la pena del acusado. De concretarse este acuerdo, Gamboa podría ser condenada con la mínima, 2 a 3 años, lo que le concedería la libertad al no ser ese monto de pena de cumplimiento efectivo. Entonces el acusado reconoce el delito, pero no va preso, y se configura un win-win: el fiscal logra su condena y el acusado evita la cárcel.
Pero lo más relevante del juicio abreviado para este caso es la extinción de la investigación. Es decir, con la condena se deja de investigar, y se agota entonces la posibilidad de esclarecer el verdadero funcionamiento de la estructura criminal y de llegar a otros eslabones de la cadena. Juicio abreviado, condena mínima y causa cerrada. Una buena forma de pasar de página y que no se avance a fondo.
Gamboa y su amenaza de “hablar”
Mientras la justicia supuestamente la buscaba, Milia Gamboa con su celular posteaba en redes sociales dejando entrever supuestas relaciones con la política: “Amigo concejal, aclaremos porque oscurece” sostenía la por entonces prófuga y agregaba: “Muni, hospitales, no me dejen sola sin aclarar porque a esta altura ya no me callo más como me piden”. También estando prófuga, Gamboa intercambió mensajes con periodistas. En uno de esos intercambios le comentó al periodista Pablo Benito “yo soy solo un eslabón de la cadena”. Esa frase fue publicada en una nota del colega autorizado por la propia Gamboa.
Por esto no es descabellado suponer que detrás de los geriátricos ilegales que administraba Gamboa quizás existía una estructura más organizada y con participación de otros actores, entre ellos funcionarios, a los que un juicio abreviado impediría llegar.
El video con funcionarios municipales
En un video publicado en su facebook, la propia Gamboa se muestra en un supuesto vehículo oficial y con personal municipal haciendo un “traslado” de un abuelo. Allí graba y nombra a Paola Montenegro: “acá estamos con adultos mayores de la muni, con paolita montenegro” sostiene la imputada en el video.
Quien aparece en la filmación es efectivamente Paola Elisabet Montenegro, empleada de planta del área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Santa Fe. Entonces cabe preguntarse: ¿el área de Adultos Mayores del municipio sabía de la actividad de Gamboa? ¿la incluía en operativos y la trasladaba en vehículos oficiales? ¿participaban agentes municipales del traslado de personas a los hogares clandestinos administrados por Gamboa? ¿existe detrás de Gamboa una estructura oficial?. Esas preguntas deberían contestarse con la investigación penal, pero con un juicio abreviado esa línea investigativa se cierra.
De Corral Papers a funcionaria política
Corral Papers fue una investigación de un consorcio de periodistas santafesinos que destapó un sistema de desvío de fondos desde las arcas municipales a través del programa de Iniciativas Comunitarias entre 2011 y 2015. La investigación no solo tuvo lugar en la agenda de medios nacionales sino que generó el único allanamiento de la historia al municipio santafesino ordenado por fiscales y ejecutado por la PDI. Según los Corral Papers más de 60 empleados municipales, funcionarios, familiares de funcionarios y punteros del gobierno del por entonces intendente José Corral formaron cooperativas irregulares a través de un esquema muy aceitado: armaban cooperativas, el municipio los contrataba para trabajos barriales y les giraba los fondos, aunque muchos de esos trabajos nunca se ejecutaban.
Una de las asociaciones civiles denunciadas fue “Santa Fe Nuestro Futuro”, conformada ni mas ni menos que por familiares del funcionario que estaba a cargo del programa: Roberto “Tito” Montenegro. La presidenta de la Asociación Civil que recibió mas de 6 millones de pesos (1 millón de dólares en promedio de cotización de esos años) era la esposa del propio funcionario: Susana López. Además aparecían en la cooperativa su tía de 79 años y 3 empleados municipales.
Por entonces, además de ser funcionario y armar una cooperativa con su familia para girarle fondos, “Tito” Montenegro tenía cierta influencia para “colocar” empleados municipales. Hoy, al poner la lupa sobre el área de Adultos Mayores, dependiente de la Dirección de Políticas Sociales de la Municipalidad, aparece un nombre que llama la atención. Susana López. La entonces titular de la Asociación Civil que recibía fondos de su marido funcionario es hoy ella misma funcionaria política del Gobierno municipal nombrada el 11 de diciembre de 2023 por decreto. Su cargo es Directora Ejecutiva de Adultos Mayores.
¿Por qué el nombre de Susana López adquiere nuevamente relevancia? porque según varios testigos ella estaba al tanto de la existencia de uno de los asilos que gerenciaba Gamboa sobre calle Salvador del Carril. Lugar que además fue denunciado en varias oportunidades por una familiar de un abuelo allí alojado. Denuncias que por algún motivo no fueron atendidas por el MPA. Según sostienen los testigos ella misma habría estado en el lugar en varias oportunidades.
Y otra vez aparecen las preguntas. Además de la ya mencionada asistente social del municipio Paola Montenegro, ¿la directora del área también estaba al tanto de la operatoria de Gamboa y sus lugares? ¿estuvo presente en el “hogar” de Salvador del Carril? ¿había un familiar suyo en ese lugar como señalan testigos?. Con la leve imputación a Gamboa y la posibilidad de un juicio abreviado estas preguntas nunca se contestarían.
El pedido de las víctimas al fiscal
El abogado Martín Risso Patrón representa a una de las personas que había denunciado previamente el funcionamiento de uno de estos establecimientos. Su patrocinada reclama ser admitida como querellante en la causa para tener acceso al expediente y poder aportar muchos de los elementos mencionados en esta crónica. Sin embargo el fiscal Cechini hasta ahora sostiene que al haber denunciado otro lugar y no el desbaratado en barrio Nuevo Horizonte, no son considerados víctimas. Claro, el MPA intenta investigar solamente el lugar en el que un abuelo prendió fuego un colchón buscando ser rescatado y evita profundizar sobre la operatoria de los imputados y sus conexiones. Así se explica que solamente se le haya imputado a Gamboa el delito de abandono de persona. Casualmente esto no solo favorece a Gamboa, sino también las posibles conexiones (si existiesen) de ésta con funcionarios y entes oficiales.
El abuelo que prendió fuego el colchón en el hogar de Nuevo Hriozonte para ser rescatado hizo mucho más que dejar en evidencia la miseria humana de gente que retiraba de la calle y hospitales a personas mayores y en situación de vulnerabilidad para luego maltratarlas y tenerlas en condiciones deplorables. También mostró que el Estado en todos sus niveles miró para otro lado. Tres denuncias previas en la justicia, una en la defensoría del pueblo, notificaciones oficiales en la dirección de adultos mayores de la provincia y un municipio que tiene un observatorio de geriátricos que no observó nos deja la última pregunta: ¿por qué nadie hizo nada a pesar de estar notificados?
La información que luego surgió de testimonios elocuentes de víctimas y testigos, denuncias efectuadas previamente, y las propias publicaciones de Gamboa no hacen más que reforzar una mera conjetura periodística: por algún motivo se quiere pasar de página rápidamente con la necesaria anuencia del propio MPA, que parece esforzarse por dejar fuera de su radar cualquier posibilidad de profundizar la investigación y contestar todos los interrogantes planteados.
