Un empleado judicial de Rafaela quedó en prisión preventiva por 30 días, acusado de simular un procedimiento policial para intentar cobrar una presunta deuda de hasta 35 mil dólares. Según la investigación, el hombre habría llegado a la vivienda de una familia acompañado por dos uniformados que fingieron tener una orden para realizar una requisa.
El imputado es Eduardo Del Favero, de 39 años, escribiente del Poder Judicial de Santa Fe. La maniobra habría ocurrido el 15 de octubre y tuvo como destinatarios a los padres de una mujer a quien el empleado judicial le reclamaba dinero, junto con su esposo.
De acuerdo con la acusación de la fiscal Fabiana Bertero, los supuestos policías se presentaron en la casa del matrimonio, integrado por personas septuagenarias, y preguntaron por su hija. Uno de los efectivos fue identificado y trabajaba en los Tribunales de Rafaela, mientras que la otra participante, una mujer, aún no había sido individualizada.
Luego de que los uniformados se retiraran, Del Favero habría ingresado a la vivienda y advertido a los padres que su hija y su yerno estaban involucrados en denuncias y podían terminar presos durante varios años. Como alternativa, les habría propuesto firmar documentos para reconocer obligaciones económicas por 30 mil y 35 mil dólares.
La familia se negó a firmar y el intento de cobro no llegó a concretarse.
Una deuda vinculada con un videojuego y una criptomoneda
Durante la audiencia imputativa, el origen del reclamo económico ocupó un lugar central. Del Favero sostuvo que había invertido dinero y aportado equipamiento para un emprendimiento de videojuegos asociado con la creación de una criptomoneda.
Según su versión, el proyecto no habría cumplido con lo acordado y por eso reclamaba la devolución de parte del capital a María Laura Balbiano, hija del matrimonio, y a su esposo, Geraldo Keiffer.
El defensor del empleado judicial, Federico Scarinci, afirmó que su representado también fue perjudicado por el negocio y que habría otras personas afectadas en Rafaela y la región. El abogado describió el emprendimiento como una propuesta de inversión vinculada con el lanzamiento de un videojuego y una criptomoneda, mediante mecanismos conocidos en el ámbito cripto como launchpads, utilizados para captar aportes.
Scarinci sostuvo que el reclamo de su defendido tenía un origen económico y que consideraba legítima la deuda que intentaba cobrar. También aseguró que Del Favero había pedido disculpas a los propietarios de la vivienda, aunque negó que su intención hubiera sido causarles un daño.
La versión del denunciante y la decisión judicial
Keiffer, por su parte, negó que Del Favero hubiera participado o invertido en el emprendimiento. Reconoció que el proyecto existió y afirmó que había recaudado unos 800 BNB, equivalentes en ese momento a aproximadamente 260 mil dólares, con aportes de alrededor de 20 personas. Según su relato, cada inversor había aportado como máximo 3.000 dólares y los contratos privados contemplaban los riesgos de la operación.
También rechazó mantener una deuda con el empleado judicial. En particular, aseguró que Del Favero le había reclamado 20 mil dólares por una supuesta intervención en una causa judicial, que habría consistido en mover una carpeta dentro de los Tribunales. El denunciante afirmó que nunca le había pedido esa gestión y que no reconocía ninguna obligación por ese concepto.
Tras escuchar a las partes, el juez José Luis Estévez dispuso que Del Favero permanezca detenido durante 30 días, bajo la imputación provisoria de extorsión en grado de tentativa.
Para resolver la prisión preventiva, el magistrado tuvo en cuenta que la simulación de una requisa y las advertencias sobre posibles consecuencias penales habrían sido utilizadas para intimidar a la familia. Además, consideró que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, que todavía debe avanzar en la identificación de todos los participantes.
