La Fiscalía de Paraguay estimó que las operaciones investigadas en torno a Ueno Bank habrían ocasionado un perjuicio patrimonial superior a los 809 millones de dólares. En el marco de la causa, imputó al expresidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera.
La acusación fue presentada el sábado 7 de noviembre por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. A Peña le atribuyeron los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que Carvallo también fue imputado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Los investigadores solicitaron la prisión preventiva de ambos.
Los depósitos de organismos estatales en Ueno Bank
Uno de los ejes de la investigación está relacionado con los fondos que distintos organismos públicos y cajas previsionales habrían depositado en Ueno Bank entre 2023 y 2026. Entre las instituciones mencionadas aparecen el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y diferentes cajas de jubilaciones.
Según un informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta septiembre de 2026 los depósitos estatales en la entidad alcanzaban los 3,6 billones de guaraníes y US$ 233,4 millones. La Fiscalía utilizó esos montos como base para estimar el presunto perjuicio: unos US$ 576,1 millones correspondientes a los fondos en moneda local y otros US$ 233,4 millones en dólares.
El expediente también sostiene que el banco habría continuado otorgando créditos a sociedades vinculadas con su propio grupo económico, pese a las irregularidades que los investigadores dicen haber detectado.
La participación accionaria y los vínculos económicos de Peña
La imputación también analiza la relación económica que Peña habría mantenido con el grupo empresarial vinculado a Ueno. Según la Fiscalía, en marzo de 2019 el entonces dirigente adquirió 1.500 acciones preferidas de Credicentro SAECA por 1.500 millones de guaraníes. La firma posteriormente pasó a integrar Ueno Holding SAECA.
En la declaración jurada que presentó en agosto de 2023, luego de asumir la Presidencia, Peña informó un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes, un incremento del 1.603% respecto de su declaración anterior, correspondiente a 2017.
La documentación fiscal también menciona activos financieros por 8.894 millones de guaraníes vinculados al Grupo Vázquez. Entre ellos figuraban acciones de Ueno Holding, un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank por 2.400 millones de guaraníes y un bono de ITTI SAECA. Si bien las acciones habrían sido rescatadas en marzo de 2025, Peña habría mantenido el certificado de depósito y el bono.
Préstamos y colocaciones del Instituto de Previsión Social
Otro punto de la investigación son dos préstamos que Ueno Bank le habría otorgado a Peña el 13 de mayo de 2024 por un total de 3.548 millones de guaraníes. Según el expediente, el dinero fue destinado a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino. Las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, aproximadamente seis veces el salario presidencial informado, de 37,9 millones.
Los fiscales también reconstruyeron una serie de reuniones entre Peña y el entonces titular del IPS, Jorge Brítez, realizadas entre el 22 y el 27 de agosto de 2024. Dos días después del último encuentro, el organismo aprobó la compra de bonos financieros emitidos por Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes, con un plazo de siete años.
La acusación señala, además, que durante la gestión de Peña se produjeron cambios normativos que facilitaron la colocación de activos previsionales en entidades financieras privadas. Ueno Bank había obtenido su licencia bancaria en noviembre de 2023 y absorbió Visión Banco en mayo de 2024.
Las declaraciones públicas y la causa por los sobres
El expediente también incorporó declaraciones públicas en las que Peña defendió a la entidad financiera frente a los cuestionamientos por la concentración de fondos estatales. En octubre de 2024 calificó las críticas como una “campaña mediática mezquina, mentirosa”. Dos años después, en octubre de 2026, volvió a respaldar al banco y pidió “calma y prudencia” ante las observaciones regulatorias.
Por otra parte, la imputación incluye elementos de la investigación periodística conocida como “Sobres del poder”. De acuerdo con la Fiscalía, dos paquetes con 100.000 dólares cada uno habrían permanecido en un sector privado de la residencia presidencial Mburuvicha Róga. El personal doméstico los habría encontrado en octubre de 2024 y febrero de 2025, y Peña los habría recibido el 17 de junio de ese año.
Los investigadores también mencionaron reuniones reservadas entre el entonces mandatario y Miguel Vázquez, titular del grupo económico vinculado a Ueno, realizadas en distintas fechas entre diciembre de 2023 y abril de 2025.
El rol del extitular del Banco Central
En el caso de Carlos Carvallo, la Fiscalía investiga un posible conflicto de intereses relacionado con su trayectoria en el sector financiero. Antes de asumir la presidencia del Banco Central, había estado al frente de Financiera Ueno y posteriormente fue designado en el organismo regulador por Peña.
Según la acusación, desde el BCP habría intervenido en decisiones vinculadas con la autorización, regulación y supervisión de la entidad bancaria. Los fiscales también señalaron presuntas irregularidades en los límites de las operaciones con personas vinculadas y en la situación patrimonial del banco.
Además, sostienen que Carvallo habría omitido información en informes enviados al Senado.
La investigación busca establecer las responsabilidades de ambos exfuncionarios en las operaciones financieras de Ueno Bank y en el destino de los fondos públicos depositados en la entidad. Las imputaciones corresponden a una instancia de la causa y deberán ser analizadas en el proceso judicial.
