La investigación por el presunto caso de abuso sexual en la escuela Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Santa Fe tendrá un paso clave la próxima semana. La fiscal a cargo de la causa, Vivian Galeano, solicitó formalmente a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que se fije la audiencia imputativa para el próximo jueves 18 de junio, en un horario que los tribunales locales deberán determinar.
El acusado es un hombre de 58 años que se desempeña como preceptor en la institución de barrio Scarafía. El trabajador escolar fue arrestado el pasado miércoles al mediodía dentro del propio establecimiento educativo y permanece privado de su libertad mientras avanzan las pericias correspondientes.
Una reincorporación reciente y el trasfondo de 2024
El caso encendió fuertes alarmas en la comunidad educativa al conocerse un particular detalle sobre el historial del empleado. Según confirmaron fuentes judiciales y las propias autoridades del colegio, el preceptor había retomado sus funciones habituales el pasado lunes, apenas 48 horas antes de ser detenido nuevamente.
La representante legal de la escuela de gestión privada, María Eugenia Marcolin, explicó que el hombre estuvo apartado de su cargo durante dos años a raíz de una denuncia por un hecho similar radicada en marzo de 2024. Aquella causa penal fue finalmente desestimada por la Justicia por “falta de mérito”. Tras concluir el sumario administrativo correspondiente, el Ministerio de Educación de la provincia notificó a la escuela que debían reincorporar obligatoriamente al agente a sus tareas en ambos turnos.
Actualmente, la fiscalía también se encuentra tomando entrevistas vinculadas a aquel expediente de 2024 para cruzar datos con la nueva presentación.
Activación de protocolo y medidas urgentes
La nueva denuncia fue radicada por una alumna de 14 años, quien relató haber sido víctima de una situación de abuso dentro del colegio. La adolescente alertó en primera instancia a su madre (quien pertenece a la fuerza policial) y luego a la jefa de talleres del establecimiento.
Tras un llamado al 911, agentes del Comando Radioeléctrico se presentaron en el edificio escolar ubicado en la intersección de Presbítero Dusso y Agustín Delgado para concretar el traslado del denunciado, mientras que la menor y su madre se dirigieron a la Comisaría de la Mujer para formalizar el trámite penal.
Desde el inicio de las actuaciones, la fiscal Galeano ordenó una batería de medidas urgentes tendientes a resguardar material probatorio:
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Secuestro de las cámaras de seguridad internas de la institución.
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Solicitud de turno con el Servicio Local de Niñez para garantizar la asistencia psicológica y contención de la adolescente.
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Citación para entrevistar a los padres de los compañeros de curso que la menor mencionó en su declaración inicial.
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Requerimiento del legajo escolar completo del preceptor.
Asimismo, las autoridades judiciales evalúan por estas horas la factibilidad técnica y psicológica de convocar a la víctima y a otros estudiantes del entorno para que presten declaración formal bajo el sistema de Cámara Gesell.
