La búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, la nena de 5 años desaparecida en la ciudad de Santa Fe desde mediados de 2023, ha dado un giro internacional clave. La organización Interpol ya interviene de manera activa en las tareas de localización tras determinarse la incompetencia de la justicia provincial y quedar el caso bajo la órbita de la Justicia Federal.
La Unidad Fiscal Santa Fe, perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Nación, junto con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, renovaron el pedido de colaboración a la comunidad para obtener cualquier dato que permita establecer el paradero de la menor.
La hipótesis de la fuga y el posible destino de la menor
La principal línea investigativa del fuero federal apunta a que la madre de la niña, Fiorella Abigail Salteño, habría sustraído, retenido y ocultado a Mía, cortando todo lazo con su entorno y manteniéndola fuera del contacto con su padre. Se sospecha que la mujer sacó a la pequeña del territorio argentino sin la autorización paterna correspondiente al menos desde el 23 de agosto de 2023.
A partir de diversas declaraciones testimoniales incorporadas al expediente, las sospechas se orientan hacia la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, se analiza la posibilidad de que se encuentren en la ciudad de Barinas, localidad con la cual posee vínculos familiares la pareja de la madre de la menor, identificado como Pedro Luis Sáez Castillo.
Tanto la Dirección Nacional de Migraciones como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) confirmaron a la fiscalía que ni la menor, ni su madre, ni la pareja de esta registran ingresos, salidas formales del país o pasajes interurbanos oficiales desde la fecha de la denuncia. Debido a esto, los investigadores sostienen firmemente que la salida de la Argentina se ejecutó de forma irregular a través de pasos fronterizos no habilitados y evadiendo los controles migratorios.
El desgarrador testimonio del padre y las alertas desoídas
La causa penal se inició formalmente el 25 de agosto de 2023 a partir de una denuncia radicada por el padre de Mía, Nicolás Altamirano, ante la Comisaría 1ª de Santa Fe. En declaraciones radiales, Altamirano describió el proceso como “una lucha de muchos que en su momento estuvo estancada” en los escritorios judiciales.
El padre relató que antes de la desaparición había alertado a las autoridades sobre situaciones de violencia y golpes hacia la nena, y que la madre intentó desviar la atención mediante una falsa acusación de abuso sexual en su contra, la cual fue desestimada por falta de pruebas. Según Altamirano, la maniobra formaba parte de un plan preestablecido de fuga.
“Mía quedó retenida en el Hospital Alassia mientras yo resolvía las cuestiones legales. Las autoridades iban a cuidarla. No cumplieron, la Justicia no cumplió y a Mía se la llevaron del país”, lamentó el padre, quien aseguró que existían alertas de riesgo de fuga que no fueron consideradas a tiempo. Asimismo, recordó que el único contacto posterior con su hija ocurrió a través de redes sociales, oportunidad en la cual la madre le ofreció una videollamada a cambio de que retirara todas las denuncias judiciales vigentes en su contra.
Actualmente, las autoridades federales continúan cruzando información con entidades como COELSA para el rastreo de cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a los investigados, mientras la comunidad santafesina y las fuerzas internacionales mantienen el alerta para dar con el paradero de la pequeña.
