La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal y aprobada este jueves por el Concejo, establece un régimen transitorio y progresivo para identificar, retirar y reorganizar el cableado existente, con el objetivo de avanzar gradualmente hacia instalaciones subterráneas.
Sin embargo, durante el tratamiento legislativo surgieron diferencias sobre determinados artículos de la normativa, especialmente aquellos vinculados con la suspensión temporal de obras, las excepciones y las obligaciones económicas de las compañías.
En entrevistas con Veo Noticias, los concejales Pablo Mussio, de La Libertad Avanza, y Jorge Fernández, del Partido Justicialista, explicaron los motivos de sus cuestionamientos y coincidieron en advertir que el costo del reordenamiento podría terminar reflejándose en las facturas que pagan los santafesinos.
La Libertad Avanza cuestionó las restricciones a las inversiones privadas
El concejal Pablo Mussio fue uno de los más críticos con la iniciativa. Según explicó, su bloque votó en contra de determinados artículos por considerar que podrían perjudicar la competencia y desalentar nuevas inversiones en la ciudad.
Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 4, que contempla una suspensión de 180 días, prorrogable por otros 180, para determinadas obras de empresas privadas vinculadas con servicios como internet y televisión por cable, con excepciones previstas en el artículo 5.
“Esto es extremadamente destructivo para la ciudad, para la inversión privada en Santa Fe”, sostuvo Mussio.
El edil argumentó que las restricciones podrían afectar especialmente a las empresas de menor tamaño, mientras que las compañías con mayor capacidad económica estarían en mejores condiciones de afrontar las nuevas exigencias.
“Lo que estás haciendo con esto solamente es generar escasez, favorecés el monopolio. Las empresas más grandes que puedan bancar realmente todo este tipo de cambios son las que van a perdurar y se destruye la competencia”, advirtió.
Desde su perspectiva, la regulación podría producir un efecto contrario al buscado si termina dificultando el desarrollo de nuevos tendidos y limitando la competencia entre prestadores.
Advierten que el costo del soterramiento podría trasladarse a los usuarios
Otro de los ejes centrales del debate es quién deberá financiar las obras necesarias para retirar, reorganizar y eventualmente llevar bajo tierra el cableado existente.
Mussio reconoció que las empresas deben hacerse responsables de las instalaciones que colocaron en el espacio público, especialmente cuando se encuentran abandonadas, dañadas o fuera de servicio.
“Si ya no utiliza esos cables porque están dañados o quedaron obsoletos, la empresa es responsable de retirarlos. Eso es seguro”, afirmó.
No obstante, diferenció esa obligación del costo que implicaría ejecutar nuevas obras de soterramiento.
“Lo que creemos que puede llegar a ser muy costoso, y lo que más nos preocupa, es que ese coste se va a terminar trasladando al servicio y a los santafesinos abonados”, señaló.
El concejal también cuestionó que, a su entender, no se haya escuchado suficientemente a las empresas involucradas antes de avanzar con la normativa.
“Es necesario mayor cantidad de instancias de diálogo para que no se tomen medidas apresuradas, matoteras, en mi opinión, por parte del municipio”, expresó.
El PJ acompañó el objetivo de ordenar los cables, pero cuestionó el apuro del Ejecutivo
Desde el justicialismo, el concejal Jorge Fernández planteó una posición similar respecto de la necesidad de ampliar el debate, aunque remarcó que su sector comparte el objetivo general del proyecto.
El edil explicó que la oposición acordó votar en contra de los artículos 4 y 5, al considerar que existen aspectos que requieren mayor discusión con las empresas y los organismos involucrados.
“Nosotros estamos a favor de que haya una limpieza, un ordenamiento del cableado, y las empresas también, pero no puede ser a cualquier precio, a cualquier costo”, manifestó.
Fernández insistió en que las decisiones deben contemplar la situación económica de las compañías, especialmente porque brindan servicios que actualmente resultan esenciales para la población.
“No se puede vivir sin internet, sin conexión. Y necesitamos que haya consensos”, remarcó.
En ese sentido, cuestionó la velocidad con la que el Ejecutivo municipal impulsó la aprobación de una normativa que calificó como extensa y técnicamente compleja.
“Lo que vemos en este apuro del Ejecutivo por sancionar esta norma es que no tenemos garantizados los consensos, al menos sobre todo el articulado”, señaló.
Además, sostuvo que los concejales opositores enfrentan dificultades para analizar este tipo de iniciativas debido a las diferencias en el acceso a la información.
“Nosotros siempre estamos corriendo de atrás, los concejales de la oposición, porque no tenemos la información que tiene el oficialismo”, cuestionó.
“Santa Fe tiene un millón de problemas, este no es el gran problema”
Fernández también puso en discusión las prioridades de la gestión municipal y se preguntó por qué era necesario avanzar rápidamente con la aprobación de la ordenanza.
“Santa Fe tiene mil problemas, un millón de problemas, este no es el gran problema de Santa Fe. Entonces no entendemos el apuro”, expresó.
Para el concejal, el ordenamiento del cableado debería desarrollarse de manera progresiva, comenzando por el microcentro y macrocentro, y mediante acuerdos que permitan distribuir razonablemente las responsabilidades económicas.
En particular, planteó que resulta necesario determinar cómo afrontarán las empresas los gastos derivados del retiro y reemplazo de instalaciones.
“Si yo soy empresario y vos me imponés una obligación de costear el retiro del cableado, ¿de dónde saco la plata? Es probable que la tenga que transferir de alguna manera al costo del servicio”, advirtió.
Por ese motivo, reclamó que la mesa de trabajo integrada por el Municipio, las empresas de telecomunicaciones y otros organismos tenga un papel central en la definición de las etapas de implementación.
También cuestionaron un beneficio para la EPE
Otro de los puntos objetados por La Libertad Avanza fue el artículo 22, relacionado con el tratamiento tributario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Según explicó Mussio, la disposición establece un beneficio para la empresa provincial respecto de un tributo del 4% que deben afrontar las compañías privadas por determinadas obras.
“Con esto, la EPE no va a pagar ahora ese 4%, lo cual creemos que es altamente injusto”, sostuvo.
El concejal consideró que esta diferencia genera condiciones desiguales entre los prestadores públicos y privados, y confirmó que su bloque también votó en contra de ese artículo.
Una ordenanza aprobada, pero con interrogantes sobre su implementación
Más allá de las diferencias políticas, la nueva normativa establece herramientas para avanzar con el reordenamiento de la infraestructura aérea.
Entre ellas se encuentra la creación del Registro Único de Infraestructura Aérea de Telecomunicaciones y Energía, en el que deberán inscribirse los prestadores que utilizan el espacio público para sus instalaciones.
También contempla una mesa de trabajo con participación municipal, provincial, empresarial y académica para coordinar las intervenciones.
El procedimiento prevé identificar los tendidos existentes, retirar aquellos que se encuentren fuera de servicio y reorganizar las instalaciones activas.
El principal punto de conflicto no parece estar en la necesidad de ordenar el cableado, sino en los plazos, las restricciones y quién asumirá los costos de ese proceso.
Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para mejorar la seguridad y reducir la contaminación visual, desde sectores opositores advierten que una implementación sin acuerdos suficientes podría afectar las inversiones y encarecer los servicios.
La discusión deja planteado un desafío para la gestión municipal: avanzar con una transformación del espacio público que Santa Fe necesita desde hace años, pero garantizando condiciones para que las obras puedan concretarse sin generar consecuencias económicas desproporcionadas.
Por ahora, el posible aumento de las tarifas es una advertencia de los concejales opositores y no una consecuencia confirmada de la ordenanza. El impacto real dependerá de cómo se reglamente y ejecute el plan, de las obligaciones que finalmente deban afrontar las empresas y de los mecanismos de financiación que se establezcan.
