El Gobierno nacional intimó a las autoridades de las universidades públicas a presentar medidas para garantizar el dictado de clases en medio del conflicto con los gremios docentes. A través del Ministerio de Capital Humano, la administración encabezada por Javier Milei exigió la elaboración de un “plan de contingencia” frente al impacto de los paros en la actividad académica.
La cartera dirigida por Sandra Pettovello manifestó su “extrema preocupación” por la suspensión de clases en distintas casas de estudio del país y sostuvo que los estudiantes son los principales afectados por las medidas de fuerza. En ese marco, solicitó a los rectores que informen cómo garantizarán el acceso a la educación, incluyendo alternativas para recuperar contenidos y mecanismos que permitan la continuidad para quienes no adhieran a las huelgas.
La notificación fue recibida este martes por distintas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral, en el marco de un conflicto que se profundizó en las últimas semanas por reclamos presupuestarios y salariales.
Desde el Gobierno remarcaron que el financiamiento estatal del sistema universitario está condicionado a su funcionamiento efectivo, y calificaron la situación como de “especial gravedad” en relación con el derecho a enseñar y aprender.
La respuesta desde el ámbito académico no tardó en llegar. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cuestionó el planteo oficial y atribuyó la crisis al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, criticó la falta de un plan educativo y denunció un proceso de desfinanciamiento del sistema.
En esa línea, anticipó una nueva movilización para el 12 de mayo, en el marco de la cuarta marcha federal universitaria, con el objetivo de reclamar mayores recursos para las casas de estudio.
Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respondió con dureza a las autoridades académicas y acusó a sectores universitarios de tener motivaciones políticas. Afirmó que el Gobierno continuará defendiendo el derecho de los estudiantes frente a lo que calificó como intereses de la dirigencia universitaria.
El conflicto entre el Ejecutivo y las universidades suma así un nuevo capítulo, con posiciones enfrentadas en torno al financiamiento, la continuidad de las clases y el impacto de las medidas gremiales en el sistema educativo público.
