En una decisión inesperada, el Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la suspensión de los principales artículos de la reforma laboral, medida que había sido dispuesta por la Justicia a partir de un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La presentación apunta a que el máximo tribunal intervenga de manera directa y urgente, sin pasar por instancias intermedias, y deje sin efecto la cautelar dictada por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda. Según el Ejecutivo, el solo ingreso del recurso debería otorgarle efecto suspensivo al fallo que mantiene paralizados 82 artículos de la norma aprobada por el Congreso.
El movimiento fue impulsado por la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio. La estrategia oficial busca acelerar una definición judicial ante lo que considera un riesgo para la vigencia de la ley.
En su planteo, el Gobierno sostiene que la resolución de Ojeda afecta “instituciones básicas del sistema republicano”, al haber suspendido con efectos generales una norma sancionada por el Poder Legislativo. En ese sentido, advierte sobre un avance indebido del Poder Judicial y reclama una pronta intervención de la Corte para restablecer la seguridad jurídica.
El escrito también enfatiza que cada día que la cautelar permanece vigente genera un daño “irreparable” a nivel nacional, al tiempo que subraya la “gravedad institucional” del caso por tratarse de un proceso colectivo con impacto en toda la sociedad.
Además, el Ejecutivo cuestiona la competencia del juez que dictó la medida y señala que el fallo presenta rasgos de arbitrariedad, al basarse —según afirma— en argumentos insuficientes y sin una fundamentación sólida. También objeta la legitimidad de la CGT para impulsar la acción judicial.
La disputa judicial por la reforma laboral ya había atravesado un conflicto de competencia. La jueza federal Macarena Marra Giménez había determinado que el caso debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal, apartando a Ojeda. Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar directamente hacia la Corte.
El fallo que sigue vigente suspendió aspectos centrales de la reforma, como el Fondo de Asistencia Laboral, cambios en el régimen de indemnizaciones, limitaciones al derecho de huelga, la implementación de un banco de horas y modificaciones en convenios colectivos, entre otros puntos.
Por su parte, la CGT había planteado la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley, al considerar que vulneran derechos laborales consagrados en la Constitución, como la libertad sindical, la protección contra la discriminación y el principio de progresividad.
Con este nuevo paso, la Casa Rosada busca que la Corte Suprema tome el control del caso y defina en el corto plazo el futuro de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.
