El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, confirmó este lunes el despacho de la primera comisión policial para notificar una intimación de pago a los padres de un menor de 13 años. El monto exigido asciende a $6.024.944, cifra calculada en base a los recursos públicos movilizados tras una amenaza escrita realizada el pasado 16 de abril en el Colegio Don Bosco.
“Se trata de un resarcimiento civil por el daño causado al Estado”, explicó el ministro, aclarando que no es una multa penal sino una deuda civil que, de no ser abonada en un plazo de cinco días, derivará en un juicio ante la Fiscalía de Estado con posibles embargos de sueldos o bienes.
El detalle del operativo y la investigación
La resolución ministerial busca que los responsables asuman los costos de:
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Despliegue de patrulleros y brigadas de explosivos.
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Horas hombre del personal policial y administrativo interviniente.
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Consumo de combustible de las unidades.
La identificación del menor fue posible gracias a una investigación que incluyó pericias caligráficas, análisis de cámaras de seguridad y geolocalización de antenas de celulares. Durante el procedimiento en la vivienda familiar, se secuestró una pistola de aire comprimido.
Una medida con alcance provincial
Cococcioni advirtió que esta es solo la primera de varias intimaciones. Actualmente, la provincia cuenta con 58 procedimientos y más de 60 personas identificadas como responsables de amenazas en establecimientos educativos.
El Ministerio estima que el reclamo total acumulado por estos hechos no será inferior a los 250 millones de pesos. “Si no se lo cobramos al que causó el daño, el costo lo terminamos pagando todos los santafesinos”, concluyó el funcionario. Esta política busca generar un efecto disuasorio ante el incremento de falsas amenazas que alteran el orden público en Santa Fe y la región.
