La referente del colectivo de discapacidad Gabriela Bruno expresó un duro rechazo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso, denominado “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, y advirtió que la iniciativa podría implicar un retroceso en el acceso a derechos y prestaciones.
Según planteó, el proyecto “convierte los derechos en gasto y a las personas en sospechosas”, al tiempo que consideró que su objetivo es recortar pensiones y excluir a beneficiarios del sistema. En ese sentido, sostuvo que se trata de “un ajuste disfrazado de moralidad” que pone bajo sospecha a quienes requieren asistencia estatal.
Bruno cuestionó el enfoque de la propuesta al señalar que instala la idea de que las personas con discapacidad podrían estar abusando del sistema. “Nos quieren hacer creer que el problema somos nosotros”, afirmó, y advirtió que esto configura un escenario de “violencia institucional, estigmatización y capacitismo”.
Entre los puntos más críticos, la referente mencionó la posible modificación del nomenclador nacional de prestaciones, lo que —según indicó— podría eliminar criterios comunes y dejar el acceso a servicios sujeto a las condiciones del mercado. “Se termina el piso de igualdad y las posibilidades de acceder a tratamientos o apoyos dependerán del lugar donde se viva y de la capacidad de pago”, sostuvo.
También alertó sobre la creación de un “régimen de sospecha permanente”, en el que las personas con discapacidad deberían demostrar de manera constante que cumplen con los requisitos para acceder a una pensión. Para Bruno, esto implica un cambio de paradigma: “Se pasa de políticas que buscan reducir desigualdades a otras que controlan, excluyen y recortan”.
En su posicionamiento, la referente vinculó la iniciativa con una política de ajuste más amplia y cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre el manejo de recursos en áreas sensibles. “La sospecha siempre recae sobre los mismos sectores, mientras otros aspectos no son investigados”, señaló.
Finalmente, Bruno advirtió que el proyecto “criminaliza la pobreza y la discapacidad” y remarcó que el colectivo no retrocederá frente a este tipo de medidas. “Es un mensaje disciplinador, pero no vamos a retroceder”, concluyó.
