La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo resolvió que será la justicia contencioso administrativa federal la encargada de definir la constitucionalidad de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en el marco de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Con esta decisión, el fuero laboral queda relegado en la discusión de fondo. La Cámara entendió que el caso excede los aspectos estrictamente laborales y abarca cuestiones de carácter federal, como la organización del sistema judicial y las facultades del Congreso para legislar en la materia.
El fallo confirma la intervención del juzgado contencioso administrativo federal que había aceptado la inhibitoria planteada por el Estado nacional. De esta manera, el expediente continuará su trámite en ese ámbito, donde se analizará la validez de la ley 27.802.
En paralelo, la reforma laboral se mantiene vigente. Si bien un fallo previo del juez laboral Raúl Ojeda había suspendido temporalmente parte de la norma a partir de una medida cautelar solicitada por la CGT, esa decisión fue posteriormente dejada sin efecto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que aún debe resolver cuestiones procesales pendientes dentro del expediente.
La resolución de la Cámara contencioso administrativa también incluyó cuestionamientos al trámite seguido en el fuero laboral y remarcó que las normas que modifican la competencia judicial son de orden público y deben aplicarse de manera inmediata.
Además, el Gobierno nacional ya presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de “per saltum” para que intervenga directamente en el caso y se expida sobre la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, el máximo tribunal no muestra urgencia en tratar el planteo, en un contexto en el que la ley continúa en vigencia.
Ahora, el expediente volverá al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, quien seguirá adelante con el análisis del caso. En paralelo, la Cámara laboral deberá resolver recusaciones planteadas contra dos de sus integrantes antes de definir el rumbo procesal del expediente en ese fuero.
La disputa judicial por la reforma laboral suma así un nuevo capítulo, con definiciones clave sobre la competencia que marcarán el camino de un debate que combina aspectos legales, políticos y sindicales.
