A solo 24 horas de propinarle un duro revés al oficialismo con el rechazo a los vetos presidenciales en el Senado, la oposición en la Cámara de Diputados activó una nueva “mega sesión” para el próximo miércoles 8 de octubre a las 12. El temario, impulsado por los bloques “duros” y “dialoguistas” —como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coherencia y los ex libertarios—, representa la amenaza más seria al margen de maniobra del Ejecutivo, que opera con una minoría parlamentaria.
El DNU y la remoción de Espert: los dos golpes clave
La agenda legislativa comienza con el objetivo de reformar la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de un decreto; si el tema no se trata en ese plazo, el DNU cae automáticamente. Además, plantea que los decretos necesitan la aprobación explícita de ambas Cámaras para mantenerse vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar cualquier DNU con una mayoría simple en solo una de ellas. Esta ley significaría una restricción contundente para el Ejecutivo, haciéndole casi imposible gobernar sin el aval del Congreso.
El segundo tema de alta tensión es la propuesta para remover a José Luis Espert de la presidencia de la crucial Comisión de Presupuesto. La oposición, basándose en una denuncia de “incumplimiento de funciones” por haber mantenido la comisión inactiva durante meses y por sus vínculos con Fred Machado, un empresario investigado por narcotráfico, busca desplazar al diputado.
Interpelación a Francos y riesgo de Moción de Censura
En tercer lugar, la oposición impulsará la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario deberá dar explicaciones por la sanción, y posterior suspensión de aplicación, de la ley de emergencia en discapacidad. Mientras el oficialismo asegura no tener los recursos para implementarla, los bloques opositores más duros amenazan con avanzar a una moción de censura si Francos no presenta una reasignación de partidas que garantice su aplicación. Esta moción es un mecanismo constitucional (Artículo 101) que permite al Congreso remover al jefe de ministros por cuestiones políticas.
La sesión se completa con una amplia gama de puntos que buscan acorralar al Gobierno. Entre ellos se incluye un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al debate del Plan de Ingresos y Gastos 2026, buscando evitar que el Ejecutivo prorrogue el Presupuesto 2023 por tercer año consecutivo. También se discutirá la selección del nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y numerosas iniciativas sobre emergencia productiva, financiera y laboral para MiPyMEs.
Además, la agenda incorpora la declaración de nulidad de la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre discapacidad, la reafirmación de atribuciones exclusivas del Congreso en materia de endeudamiento externo y un pedido de informes verbales al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre eventuales negociaciones de un blindaje financiero con Estados Unidos. Las comisiones también debatirán la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en presuntos casos de pagos ilegales. Finalmente, se incluye una propuesta para modificar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, que podría servir como fuente de recursos extra para las provincias y herramienta de presión para construir el quórum.
