La Universidad Nacional del Litoral fijó su postura ante la intimación del Gobierno nacional que exige a las universidades detallar cómo garantizan la continuidad pedagógica en medio de las medidas de fuerza docentes. Desde la institución remarcaron que el eje del conflicto sigue siendo el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La notificación fue enviada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien solicitó a las casas de estudio un informe sobre las acciones implementadas para asegurar el derecho a enseñar y aprender durante los paros.
En respuesta, desde la UNL señalaron que la obligación de cumplir con la ley de financiamiento se encuentra vigente desde el momento en que el Poder Ejecutivo fue notificado del fallo judicial que la respalda. En ese sentido, sostuvieron que el reclamo por mayores recursos no solo responde a una demanda sectorial, sino al cumplimiento de una normativa aprobada por el Congreso Nacional.
La universidad enfatizó que la garantía de la continuidad académica está directamente vinculada a la disponibilidad de fondos adecuados para el funcionamiento del sistema. Por ello, insistieron en que las universidades nacionales mantienen su postura de exigir el cumplimiento efectivo de la ley como condición necesaria para sostener el normal desarrollo de las actividades.
El planteo se da en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y el sistema universitario público, atravesado por reclamos salariales, presupuestarios y por la defensa de la educación superior como política pública.
