El incendio registrado este miércoles en una vivienda de barrio Nuevo Horizonte no solo expuso una situación de riesgo para las personas que vivían allí, sino que también dejó al descubierto presuntas irregularidades en el funcionamiento del lugar, que no contaba con habilitación municipal para operar como hogar de tránsito o residencia para personas vulnerables.
Entre los testimonios recogidos tras el operativo, se encuentra el de Miguel Ángel, un hombre de 78 años que residía en el inmueble desde hacía aproximadamente un mes y medio y que relató cómo llegó al lugar y cuáles eran, según su versión, las condiciones en las que vivían los alojados.
“Estuve internado en el Hospital Sayago por una neumonía. Cuando me dieron el alta, una asistente social me dijo que me iban a llevar a un hogar porque yo no tenía dónde ir”, explicó el hombre.
Según contó, desde entonces permaneció en la vivienda ubicada sobre José Gollán al 10.100 junto a otras personas que también habían sido derivadas desde hospitales y centros de salud públicos.
“No había médico ni enfermeros”
Miguel aseguró que durante su estadía no existía atención médica permanente en el lugar.
“No había médico, no había enfermeros. Si alguien se sentía mal había que arreglarse como se podía”, relató.
Además, sostuvo que abonaba una suma mensual para permanecer allí y que el encargado administraba el cobro de su jubilación.
“Me cobraban la jubilación. Yo pagaba para estar ahí, pero las condiciones no eran las que uno espera para un lugar donde viven personas mayores o con problemas de salud”, afirmó.
La investigación avanza
Las declaraciones de Miguel se suman a otros testimonios incorporados a la causa. Entre ellos, el de Héctor, de 63 años, quien admitió haber iniciado el incendio de un colchón para llamar la atención y denunció que los residentes llevaban varios días sin recibir alimentos.
También declaró Mario, de 55 años, quien indicó que había sido derivado desde el Hospital Protomédico de Recreo y que residía en el inmueble desde hacía cerca de dos años.
Mientras la Fiscalía reúne pruebas y toma declaraciones para determinar posibles responsabilidades, desde la Municipalidad confirmaron que el establecimiento no estaba registrado ni habilitado para funcionar como hogar de tránsito, geriátrico o residencia para personas vulnerables.
Trasladados al Hogar Beata Clara
Luego del procedimiento y ante la imposibilidad de que los residentes permanecieran en el inmueble, las autoridades dispusieron el traslado de los adultos mayores y demás personas alojadas al Hogar Beata Clara, donde reciben asistencia mientras se resuelve su situación.
La investigación continúa para establecer cómo funcionaba el lugar, bajo qué condiciones se realizaban las derivaciones y si existieron irregularidades en la atención y el manejo de los recursos económicos de los residentes.
