El proyecto que buscaba regular los denominados “discursos de odio” en la provincia de Santa Fe no será tratado por el momento en la Cámara de Diputados, según confirmó la diputada provincial Silvia Malfesi luego de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En diálogo con Veo Noticias, la legisladora celebró que la iniciativa no haya avanzado y reiteró sus fuertes cuestionamientos al contenido de la propuesta.
“Estoy muy contenta porque hemos logrado que no se trate. Para mí es una herramienta muy peligrosa”, afirmó Malfesi.
Según relató, durante la reunión de comisión fue informada de que el proyecto no sería tratado y, al consultar si podía incorporarse a la próxima sesión, tampoco recibió una confirmación.
“Me dijeron: ‘Vamos a ver’. Espero que no se trate”, sostuvo.
“Puede ser una herramienta de censura”
El principal cuestionamiento de Malfesi apunta a las consecuencias que, según su interpretación, podría tener una legislación de estas características más allá de las intenciones del actual gobierno.
La diputada sostuvo que una norma destinada a promover una provincia libre de discursos de odio y mejorar la convivencia puede resultar positiva en sus fundamentos, pero advirtió sobre los riesgos de establecer mecanismos que eventualmente puedan utilizarse para restringir expresiones.
“Las leyes perduran, quedan. Capaz que tienen una buena intención, pero en manos de una persona autoritaria puede ser una censura grave”, planteó.
Malfesi consideró además que la difusión pública que tuvo el proyecto durante los últimos días influyó en la decisión de frenar su tratamiento.
“La gente empezó a hablar del tema, se dieron cuenta de que era algo muy peligroso y recalcularon”, aseguró.
Multas y una definición cuestionada
La legisladora explicó que el proyecto original sufrió modificaciones durante su recorrido legislativo.
Según detalló, una primera versión establecía el discurso de odio como una falta y contemplaba sanciones económicas expresadas en JUS, además de la realización de cursos para quienes no pudieran afrontar la multa.
Malfesi cuestionó particularmente que la definición propuesta para determinar qué podía considerarse un discurso de odio fuera, a su entender, demasiado amplia.
Posteriormente, explicó, el texto fue modificado y las sanciones fueron eliminadas. La nueva redacción mantenía una definición del concepto y encomendaba al Poder Ejecutivo la realización de programas y campañas de prevención.
Sin embargo, tampoco esa alternativa convenció a la diputada.
Uno de los puntos que cuestionó fue que la definición incluyera situaciones de hostigamiento o maltrato vinculadas con raza, religión y creencias, entre otras cuestiones, pero concluyera haciendo referencia a “otras causas personalísimas”.
Para Malfesi, esa expresión dejaba abierto un margen excesivamente amplio de interpretación.
El temor de que el Senado recuperara el proyecto original
La diputada explicó además por qué se opuso a avanzar incluso con la versión modificada.
Según señaló, si Diputados aprobaba cambios y el expediente regresaba al Senado, existía la posibilidad de que la Cámara alta insistiera con la redacción original si conseguía la mayoría necesaria.
Por ese motivo, planteó como alternativa que, si existe voluntad política de trabajar sobre esta problemática, se presente directamente un nuevo proyecto.
Malfesi también advirtió sobre un posible efecto de autocensura si en el futuro se incorporaran nuevamente sanciones económicas.
“En los medios digitales, viendo la posibilidad de tener que pagar una multa, la gente se iba a autocensurar”, consideró.
Quién iba a determinar qué era un discurso de odio
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la autoridad encargada de aplicar la normativa prevista originalmente.
Según explicó Malfesi, al establecerse el discurso de odio como una falta o contravención, la determinación quedaría en manos de un juez de faltas, una autoridad administrativa y no perteneciente al Poder Judicial.
Para ejemplificar sus reparos, la diputada mencionó el caso hipotético de una persona que reclamara públicamente y en términos fuertes por la falta de cobertura de una prestación de Iapos. A su entender, una definición demasiado abierta podía generar discusiones acerca de si determinadas expresiones constituían o no un discurso de odio.
Con el tratamiento frenado, el futuro de la iniciativa quedó ahora abierto. Malfesi aseguró que no recibió precisiones sobre una eventual fecha para volver a discutirla y planteó que, en caso de retomarse el tema, debería hacerse mediante un nuevo proyecto que evite los aspectos que generaron controversia.
