El Gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, de la ciudad de Santa Fe, tras detectar presuntas irregularidades en la utilización de fondos públicos asignados a través del Programa Tarjeta Institucional. Además, la organización fue excluida del sistema de asistencia provincial y dejará de recibir recursos del Estado.
La medida fue adoptada luego de una auditoría realizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que reveló inconsistencias entre las rendiciones de gastos presentadas por la entidad y los consumos registrados en la tarjeta otorgada por la Provincia para el sostenimiento de un comedor comunitario.
Según informaron desde el Ejecutivo provincial, los fondos tenían como destino exclusivo la compra de alimentos y elementos necesarios para garantizar el funcionamiento de espacios de asistencia alimentaria destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, los controles detectaron gastos realizados en comercios que no guardan relación con esos objetivos.
Entre los consumos observados figuran operaciones en locales de comida rápida como McDonald’s, además de bares, restaurantes céntricos y kioscos, lo que encendió las alarmas de los organismos de control.
A partir de estas observaciones, la Provincia decidió poner toda la documentación recopilada a disposición de la Justicia para que se investigue la posible comisión de delitos vinculados al manejo de recursos públicos. Paralelamente, resolvió suspender la asistencia económica que recibía la organización.
Desde el Gobierno destacaron que la Tarjeta Institucional únicamente puede ser fondeada por la Provincia, por lo que todos los movimientos registrados corresponden a recursos públicos destinados a programas sociales y alimentarios.
Vinculación con Luciano “Chano” Rossi
La asociación civil investigada estuvo vinculada hasta abril de 2024 al dirigente social Luciano “Chano” Rossi, quien fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en julio de 2025 por reiteradas inasistencias laborales.
De acuerdo con los antecedentes informados por la actual gestión provincial, Rossi había ingresado a la empresa en 2015 bajo el régimen que permitía la incorporación de familiares directos de trabajadores. Tras una revisión administrativa, se determinó que durante los últimos 2.103 días de actividad había asistido a trabajar en 651 jornadas y se había ausentado en 1.452, situación que derivó en su desvinculación definitiva.
Control sobre los fondos públicos
Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano remarcaron que las auditorías forman parte de un sistema permanente de control y seguimiento de los recursos transferidos a organizaciones sociales.
El objetivo, indicaron, es garantizar que los fondos destinados a programas alimentarios y de asistencia lleguen efectivamente a los beneficiarios previstos y sean utilizados conforme a los fines establecidos por el Estado.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades penales en el manejo de los recursos asignados a la institución santafesina.
