La investigación por presuntos pagos irregulares dentro de la Armada Argentina comenzó a principios de 2026 con una revisión de haberes que, en principio, parecía detectar solamente un error administrativo. Una teniente advirtió que cinco integrantes del Departamento Revista habían recibido suplementos salariales que no les correspondían y comunicó la situación a una autoridad superior.
El hallazgo derivó en una revisión mucho más amplia. La investigación interna identificó posteriormente 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por un monto histórico de $981.148.567,88, correspondientes al período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026.
El caso derivó en una denuncia penal y en un proceso disciplinario dentro de la fuerza. La conducción de la Armada apartó de sus funciones a los militares alcanzados por las actuaciones y encuadró los hechos bajo una falta considerada gravísima. La eventual destitución de los involucrados deberá resolverse luego de que cada uno ejerza su derecho de defensa.
Cómo comenzó la investigación
La primera irregularidad fue detectada mientras se controlaban los haberes correspondientes a enero. Los cinco casos involucraban a personas que trabajaban en el área encargada de intervenir en la liquidación de salarios.
En ese momento, el responsable del Departamento Revista, el capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, no se encontraba en la dependencia. Otros dos superiores tampoco estaban disponibles: uno se encontraba de licencia y otro había sido trasladado.
Ante esa situación, la oficial informó directamente la anomalía a la Jefatura de Administración Financiera. Los importes fueron restituidos y, inicialmente, la situación fue considerada como una posible inconsistencia administrativa.
La revisión posterior permitió detectar que el problema podía ser mucho más amplio. La Armada modificó parte del circuito de liquidación y acreditación de haberes, incorporando mayores controles entre las áreas encargadas de preparar los pagos y las que intervenían en las transferencias bancarias.
El cambio que llevó a revisar años anteriores
La investigación avanzó sobre los archivos correspondientes a períodos anteriores y permitió retroceder hasta julio de 2022. Allí apareció una coincidencia temporal: las primeras operaciones de características similares se registraban desde el momento en que Atanasoff había asumido la conducción del Departamento Revista.
El relevamiento estableció que el área administraba información correspondiente a unos 24.500 integrantes de la Armada, con un volumen mensual de recursos destinados a salarios cercano a los $65.000 millones.
Según la investigación interna, las irregularidades se habrían producido mediante modificaciones de los archivos utilizados para ordenar las transferencias bancarias. Esos documentos eran generados después de la liquidación de haberes y enviados al Banco Nación para concretar los pagos.
La hipótesis bajo análisis es que algunos archivos fueron alterados antes de su transmisión, permitiendo incrementar determinados importes o incorporar destinatarios que no figuraban en las liquidaciones originales.
La comparación entre los archivos, las liquidaciones, los recibos de haberes y las transferencias bancarias permitió reconstruir las diferencias detectadas.
Un hallazgo vinculó al jefe del área con los pagos
El punto de inflexión se produjo en agosto, cuando durante una revisión de períodos anteriores apareció una acreditación a nombre de María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff.
Prieto no pertenecía a la Armada y, según la investigación administrativa, no tenía una liquidación de haberes que justificara el pago.
A partir de ese descubrimiento, Atanasoff fue relevado preventivamente de sus funciones y se preservaron los equipos informáticos utilizados en el circuito de pagos. También se apartó temporalmente de esa tarea a una agente civil que tenía acceso a las computadoras empleadas para transmitir los archivos al Banco Nación.
La investigación amplió entonces el análisis a todas las operaciones realizadas durante el período sospechado.
Según la documentación incorporada a la denuncia, se identificaron 23 beneficiarios, entre militares, empleados civiles y personas sin vínculo laboral con la Armada.
Entre estos últimos hubo cuatro personas que recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, cerca del 44% del monto total detectado. Prieto aparece como la principal beneficiaria individual, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86.
La investigación deberá determinar qué relación existía entre Atanasoff y los distintos receptores, así como el grado de conocimiento y participación de cada uno.
Qué dice la investigación sobre el mecanismo
De acuerdo con la reconstrucción administrativa, las modificaciones se habrían realizado después de la confección de las liquidaciones y antes del envío definitivo de los archivos al banco.
En algunos casos se habrían incrementado los montos correspondientes a personas que efectivamente cobraban salarios de la fuerza. En otros, se habrían incorporado cuentas bancarias de personas ajenas a la institución.
La comparación de los registros permitió advertir diferencias entre el dinero efectivamente transferido y los importes que posteriormente figuraban en los recibos o registros de liquidación.
La investigación también busca establecer si otras personas tuvieron conocimiento del procedimiento o colaboraron con él.
Atanasoff fue convocado durante la investigación administrativa y, según consta en la denuncia penal, reconoció conocer las acreditaciones realizadas a personas externas a la Armada. También habría manifestado que las modificaciones se efectuaban manualmente y que era él quien decidía beneficiarios e importes.
La Justicia deberá determinar ahora el alcance de esas declaraciones y si existió participación de otras personas.
Diez militares bajo investigación disciplinaria
Entre los beneficiarios identificados aparecen nueve militares en actividad, además de Atanasoff. En total, diez uniformados quedaron alcanzados por las actuaciones disciplinarias.
La Armada dispuso su apartamiento y abrió una instrucción por una presunta falta gravísima. Este procedimiento es independiente de la causa penal y deberá determinar la eventual responsabilidad individual de cada involucrado.
El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas contempla la destitución para las faltas gravísimas, aunque la sanción no se aplica de manera automática. Antes debe desarrollarse la instrucción, garantizarse la defensa de los acusados y emitirse una resolución fundada.
La investigación administrativa también detectó que algunos beneficiarios restituyeron las sumas recibidas. Hasta el momento de la denuncia habían sido devueltos $42.574.267,63, mientras que permanecía una diferencia de $938.574.300,25 sobre el monto histórico detectado.
La devolución del dinero no define por sí misma la responsabilidad disciplinaria o penal de los involucrados, cuestión que deberá establecerse en los respectivos procesos.
La causa ya está en la Justicia Federal
El 15 de septiembre, la Armada formalizó la denuncia penal y puso a disposición de la Justicia la documentación reunida durante su investigación, además de los equipos informáticos que habían sido preservados.
La causa quedó bajo investigación del fiscal Ramiro González y del juez Sebastián Ramos. Entre las medidas solicitadas se encuentran peritajes sobre las computadoras utilizadas para elaborar y transmitir los archivos de pago, con el objetivo de establecer quién accedió a los equipos, qué modificaciones se realizaron y cuándo fueron efectuadas.
También se solicitó documentación bancaria, legajos de los involucrados y registros del personal que trabajó en el Departamento Revista durante el período investigado.
Uno de los objetivos centrales de la investigación judicial será establecer si Atanasoff actuó por su cuenta o si otras personas participaron en las distintas etapas del mecanismo.
La Justicia también deberá determinar qué ocurrió con los fondos después de las acreditaciones y cuál fue el grado de conocimiento de cada uno de los beneficiarios.
Mientras avanza el expediente penal, la Armada continuará con el procedimiento disciplinario. El caso, que comenzó con la detección de cinco suplementos salariales irregulares, terminó revelando cientos de transferencias bajo análisis y un movimiento de fondos cercano a los $1.000 millones durante más de tres años.
