Un nuevo operativo de inactivación de un punto de venta de drogas se realizó este lunes en barrio Gráfico de Rosario, donde fue derribada una vivienda ubicada en Benteveo al 790 señalada en una investigación por microtráfico.
El procedimiento fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según informaron desde la provincia, se trata del búnker número 78 intervenido en Rosario, el 88 en el departamento Rosario y el 133 en todo el territorio santafesino desde la implementación de la Ley de Microtráfico.
Investigación por venta de drogas y hechos violentos
La fiscal de la Unidad Fiscal de Microtráfico, Mercedes Banchio, explicó que la intervención en barrio Gráfico fue el resultado de una investigación que permitió detectar la venta de estupefacientes en el lugar y otros hechos asociados.
Según indicó, se trató del quinto derribo realizado en ese barrio y la pesquisa permitió identificar situaciones vinculadas a “violencias altamente lesivas” y presuntas extorsiones. Durante los procedimientos realizados en el inmueble, los investigadores encontraron material estupefaciente fraccionado, entre ellos cocaína.
La fiscal señaló además que fueron importantes para la causa los llamados recibidos a través del 0800 y el 911, junto con testimonios aportados bajo reserva de identidad y el análisis de teléfonos secuestrados en allanamientos previos.
Detenciones y continuidad judicial
Desde el MPA informaron que, como consecuencia de los operativos vinculados a esta investigación, varias personas quedaron detenidas y algunas cumplen prisión preventiva. Parte de los involucrados aguardan audiencias preliminares o la instancia de juicio oral.
El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, sostuvo que el inmueble intervenido era considerado un punto asociado a actividades vinculadas al microtráfico y a episodios de violencia que afectaban al entorno del barrio.
La Ley de Microtráfico
La Ley de Microtráfico fue aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y establece mecanismos para que la Justicia provincial pueda intervenir sobre puntos de venta de drogas y propiedades relacionadas con hechos violentos derivados de esas actividades.
Los procedimientos se realizan mediante la coordinación entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de Santa Fe y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales.
