A través de la Resolución 40/2026, la Secretaría de Transporte de la Nación introdujo un cambio drástico en el financiamiento del transporte público del interior: el subsidio que sostiene la Tarifa Social Federal quedó oficialmente congelado tomando como base los valores vigentes al 30 de junio. Aunque técnicamente se mantiene el beneficio del 55% de descuento, en las calles de ciudades como Santa Fe y Rosario el impacto real en el bolsillo será inmediato y regresivo ante cada nueva suba local.
La medida rompe el acople automático que existía entre los aumentos del boleto determinados por los intendentes y el dinero que aportaba el Tesoro Nacional. De ahora en adelante, cada incremento en las tarifas urbanas del interior abrirá una brecha económica que deberán pagar los usuarios o absorber las arcas locales.
La “trampa” del subsidio fijo para el usuario santafesino
Hasta finales de junio, si la Municipalidad de Santa Fe o de Rosario subía el costo del boleto para equilibrar los costos del sistema, el subsidio nacional del 55% absorbía automáticamente más de la mitad de ese incremento para jubilados, pensionados, empleadas domésticas y beneficiarios de la AUH.
Con la nueva normativa, el escenario cambia por completo:
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El aporte de Nación tiene un tope: El Estado nacional solo cubrirá el 55% correspondiente a la tarifa que estaba vigente al 30 de junio.
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Descuento en licuación: Si se define una nueva suba de boleto en la provincia (por ejemplo, para responder a las paritarias o la suba de combustibles), el subsidio de Nación no se moverá un solo centavo.
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Menos cobertura: En la práctica, ese “55%” representará un porcentaje cada vez más chico del costo real del boleto. El usuario de la Tarifa Social pasará a pagar montos mucho más cercanos a la tarifa plana.
Intendencias en encrucijada: ¿Quién paga la diferencia?
La resolución traslada toda la presión política y financiera a los gobiernos locales. Texto mediante, Nación aclara que las provincias y municipios mantienen la potestad absoluta de fijar sus propios precios e incluso de otorgar beneficios extra, siempre y cuando pongan el dinero de sus presupuestos para financiarlos.
Tanto en Santa Fe como en Rosario, los sistemas de transporte urbano ya venían funcionando al límite tras la quita previa de los fondos compensadores del interior. Ahora, si se busca proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad para que sigan pagando un boleto diferencial real, los municipios o el gobierno provincial deberán raspar el fondo de la olla presupuestaria para cubrir ese bache que deja Nación. De lo contrario, el impacto recaerá de lleno en el pasajero que menos recursos tiene.
Un gris que paraliza la planificación local
Otro punto que golpea directamente a la región es la falta de previsibilidad. Las tarifas de referencia fijadas por Nación al 30 de junio se mantendrán vigentes “hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización”.
Al no haber un cronograma o un índice claro de cuándo decidirá el Gobierno nacional actualizar esa base, los gobiernos locales quedan pedaleando en el aire: no saben si al aumentar el boleto el usuario sufrirá un golpe letal por tiempo indeterminado o si el Estado federal reajustará sus bases en el corto plazo. Mientras tanto, en Santa Fe, viajar en colectivo amenaza con volverse un lujo cada vez más difícil de sostener.
