La Fiscalía Regional de Santa Fe, conducida por Jorge Nessier, resolvió que la causa judicial contra la empresa constructora Moderno House sea asignada a la Unidad de Delitos Complejos, específicamente a la Sección de Criminalidad Económica. Al frente de las nuevas actuaciones fue designada la fiscal Jésica Bernard.
La medida se tomó luego de que la jefa de los fiscales a nivel provincial, Cecilia Vranicich, emitiera una resolución el pasado 29 de mayo ordenando el desarchivo y la reapertura inmediata del expediente. La intervención de la Fiscalía General respondió a una solicitud formal presentada por el abogado querellante Ignacio Chigal, quien argumentó que existían elementos de peso para sostener la persecución penal. Tras analizar la presentación, Vranicich consideró que aún restaban realizar medidas investigativas clave antes de dictaminar si correspondía o no archivar la causa.
Promesas rotas y una defraudación millonaria
El caso contra Moderno House se inició en 2024 a partir de múltiples denuncias radicadas por damnificados de la ciudad de Santa Fe y localidades aledañas. Las acusaciones apuntaron directamente contra el titular de la firma, Néstor Segovia, y su pareja, Camila Dos Santos Rizzi, a quienes las víctimas señalaron por haber cobrado importantes sumas de dinero sin llegar a concretar la entrega de las viviendas prefabricadas prometidas.
En los albores de la investigación, el fiscal original del caso, Federico Grimberg, imputó a la pareja bajo la hipótesis de que habían montado una maniobra defraudatoria multipartes. Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los investigados captaban clientes y suscribían contratos exigiendo fuertes adelantos económicos —o incluso el pago total— a sabiendas de que no cumplirían con las obras. Al momento de la imputación formal, el perjuicio económico global causado a los denunciantes se calculaba en una cifra cercana a los 27 millones de pesos.
Del fracaso de la mediación al polémico archivo
A lo largo de su derrotero en los tribunales, el legajo penal fue derivado al Área de Solución Pacífica de Conflictos (ASPAC) con intenciones de alcanzar un resarcimiento. Sin embargo, la mediación fracasó ostensiblemente: solo una de las querellas aceptó un acuerdo económico, mientras que la gran mayoría de las víctimas rechazó la propuesta y exigió que el caso volviera a la Unidad Fiscal para profundizar la vía penal.
A pesar de contar con testimonios de allegados que describían el funcionamiento interno de la firma, el fiscal Grimberg dispuso el archivo definitivo de las actuaciones en abril de este año. El fundamento para cerrar el caso causó malestar entre las víctimas, ya que el funcionario judicial consideró que la conducta de Segovia y Dos Santos Rizzi no configuraba el delito de estafa, sino que se trataba de un mero incumplimiento contractual de índole civil comercial derivado del fracaso del proyecto edilicio. Con la designación de la fiscal Bernard, la hipótesis del fraude económico vuelve a ponerse bajo estricta revisión penal.
