La Legislatura de Santa Fe volverá a debatir este jueves uno de los proyectos más discutidos de los últimos meses: la regulación de la actividad de los cuidacoches o “trapitos”. El Senado provincial tratará la reforma del Código de Convivencia y deberá definir si mantiene el texto oroginal que aprobó en marzo o si acepta los cambios incorporados posteriormente por la Cámara de Diputados.
La iniciativa figura entre los temas prioritarios de la sesión y la decisión que adopten los senadores será determinante para el futuro de la norma, ya que ambas cámaras mantienen diferencias sobre el alcance de las sanciones previstas para quienes desarrollan esta actividad en la vía pública.
El principal punto de debate está vinculado al criterio para aplicar sanciones. La media sanción original del Senado propone una prohibición amplia para quienes, sin autorización, soliciten dinero por cuidar, lavar o limpiar vehículos en espacios públicos donde esa actividad esté prohibida por la normativa municipal o comunal.
En cambio, la versión aprobada por la Cámara de Diputados establece que solo podrán aplicarse sanciones cuando se comprueben conductas intimidatorias, amenazas o la exigencia de dinero para permitir el estacionamiento o por la prestación de estos servicios.
Uno de los impulsores del proyecto, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, manifestó en la previa del debate su intención de que el Senado insista con la redacción original. Según sostuvo, las modificaciones introducidas por Diputados reducen significativamente el alcance de la iniciativa al exigir la acreditación de hechos intimidatorios para poder sancionar a los infractores.
El texto aprobado inicialmente por la Cámara alta incorpora un nuevo artículo al Código de Convivencia que prevé sanciones para quienes ofrezcan o soliciten dinero por permitir estacionar, cuidar, lavar o limpiar vehículos sin autorización en lugares donde la actividad esté prohibida.
Entre las penalidades previstas figuran trabajos comunitarios de entre dos y diez días para la primera infracción, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la falta y arrestos de entre 10 y 20 días para los casos de reincidencia. Además, contempla agravantes que permiten duplicar las sanciones cuando medien amenazas o violencia, cuando la actividad se desarrolle en zonas de estacionamiento medido, durante eventos masivos, en horario nocturno o en sectores considerados sensibles, como escuelas, bancos y edificios públicos.
La propuesta del Senado también incorpora sanciones específicas para quienes organicen o coordinen grupos dedicados a esta actividad.
Por su parte, Diputados modificó el proyecto al eliminar la prohibición general y dejar en manos de cada municipio la facultad de autorizar, regular o prohibir la actividad de los cuidacoches. De esta manera, la norma solo tendría aplicación en aquellas localidades donde exista una prohibición expresa.
Asimismo, la versión de Diputados establece la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la infracción por hasta 60 días, plazo que puede extenderse a 120 en situaciones agravadas, y habilita la posibilidad de reemplazar determinadas sanciones por trabajos comunitarios.
Con ambas posturas sobre la mesa, el Senado deberá resolver este jueves cuál será el texto definitivo que avanzará en el proceso legislativo. La decisión será clave para definir el marco legal que regirá la actividad de los cuidacoches en la provincia y el alcance de las herramientas con las que contarán los municipios para intervenir en esta problemática.
