La Justicia federal dio por cerrada la investigación conocida como “Caso Oldani”, que analizaba la presunta existencia de una cueva financiera en la firma Oldani Turismo, tras homologar un acuerdo que incluyó donaciones a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Fe.
El juez federal Ricardo Moisés Vásquez resolvió el sobreseimiento de los diez imputados en la causa, luego de aceptar un acuerdo avalado por el fiscal federal Martín Suárez Faisal. Como parte del entendimiento, los acusados realizaron aportes económicos que totalizan 107 millones de pesos, destinados a obras de infraestructura, becas estudiantiles y programas de capacitación docente en la UTN local.
Entre los beneficiados con el sobreseimiento se encuentran Virginia Oldani, María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, quienes en su momento habían sido procesados por el delito de intermediación financiera no autorizada.
Según fuentes cercanas al expediente, la mayor contribución fue realizada por Virginia Oldani, hija del empresario asesinado en febrero de 2020, quien habría aportado alrededor de 45 millones de pesos. El resto de los imputados completó la suma total con donaciones que, en promedio, rondaron los 7,5 millones de pesos cada una.
El fiscal Suárez Faisal justificó el acuerdo al considerar que, incluso en caso de una eventual condena, el delito investigado contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión, lo que lo vuelve excarcelable. Con ese argumento, el Ministerio Público Fiscal avaló la extinción de la acción penal y el cierre definitivo del expediente.
De esta manera, la causa federal no llegará a juicio oral y nunca se determinará judicialmente si los acusados cometieron o no el delito investigado.
El origen de la investigación
La investigación se inició tras el asesinato del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 durante un asalto en las oficinas de su empresa, ubicadas en la Galería Rivadavia, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe.
Ese mismo día, personal policial registró en el interior del local al menos 1.100.000 dólares y alrededor de 3 millones de pesos en efectivo. En aquel momento, con un dólar cotizando a 77 pesos, la suma total equivalía a más de 1,13 millones de dólares.
Sin embargo, ese dinero nunca volvió a aparecer. Horas después del homicidio, familiares del empresario ingresaron a las oficinas con autorización de la fiscal provincial Cristina Ferraro y se retiraron con bolsos, cajas y mochilas cuyo contenido no fue determinado oficialmente.
Con el paso del tiempo, ese episodio dio lugar a múltiples cuestionamientos e irregularidades denunciadas sobre la preservación de la escena del crimen y el manejo de pruebas.
Irregularidades y causas paralelas
Entre los hechos más controvertidos se mencionó la orden de apagar cámaras de seguridad que apuntaban hacia las oficinas de la empresa, la prohibición a los policías de abrir una caja fuerte presente en el lugar y el ingreso de familiares al local tras el crimen, quienes incluso habrían accedido a los sistemas informáticos de la firma.
Además, las imágenes de cámaras que no fueron apagadas aparecieron tiempo después en el domicilio de un policía en San José del Rincón, mientras que el principal sospechoso del homicidio, Bruno Figueroa, fue hallado muerto en la cárcel de Las Flores.
En paralelo, la fiscal Cristina Ferraro continúa procesada por presunto encubrimiento en relación con lo ocurrido en la escena del crimen. No obstante, el supuesto encubrimiento estaría vinculado a una investigación que, desde este viernes 13 de marzo de 2026, quedó formalmente cerrada en el fuero federal.
