El Gobierno argentino denunció este lunes que la empresa británica Thales UK Limited realizó vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, sin autorización de las autoridades argentinas. A partir de esa situación, el presidente Javier Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía, además de avanzar con las gestiones diplomáticas correspondientes.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente, que señaló que las operaciones fueron realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido. Según el Ejecutivo, los vuelos formaron parte de una actividad comercial vinculada con empresarios británicos provenientes de las islas.
El anuncio se produjo en paralelo con una nueva escalada diplomática por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Intimación por el proyecto Sea Lion
El Gobierno también informó que intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El reclamo está vinculado con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La Casa Rosada anunció además el inicio del procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El Gobierno advirtió que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que sostiene sobre su plataforma continental.
La posición argentina se apoya, según el comunicado oficial, en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las islas y los espacios marítimos circundantes, mientras que la segunda llamó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso de negociación.
Dos frentes de conflicto
Las medidas anunciadas por el Gobierno abren dos líneas de acción. Por un lado, la administrativa, judicial y diplomática contra Thales UK Limited por los vuelos que, según la denuncia oficial, se realizaron sin autorización argentina. Por otro, el reclamo internacional contra el Reino Unido por las actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la zona.
La Casa Rosada sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en las áreas en disputa afecta los derechos que Argentina reclama sobre la plataforma continental. El Ejecutivo ya había anunciado a comienzos de septiembre nuevas medidas contra el avance del proyecto Sea Lion.
En el comunicado difundido este lunes, el Gobierno también rechazó la posición británica sobre la soberanía de las islas y ratificó que continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para sostener el reclamo argentino.
