El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una auditoría integral sobre el funcionamiento de los radares y sistemas de fotomultas instalados en rutas provinciales. La revisión es impulsada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y apunta a analizar tanto los aspectos técnicos como legales vinculados a los controles de velocidad.
El secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que el relevamiento surgió a partir de una consulta realizada a la Fiscalía de Estado provincial para obtener un dictamen jurídico sobre el esquema actual de fiscalización vial.
Según indicó el funcionario, el objetivo es garantizar la transparencia y legalidad del sistema, además de reforzar su carácter preventivo. “Queremos revisar cómo funciona todo el sistema que estamos utilizando”, señaló Torres, al tiempo que defendió el control de velocidad como una política de Estado orientada a reducir la siniestralidad vial.
Revisión de convenios y radares
La auditoría alcanzará tanto a los radares gestionados directamente por la provincia como a los instalados mediante convenios con municipios y comunas. Actualmente, Santa Fe cuenta con menos de 20 radares provinciales administrados por una empresa concesionaria, aunque existen más de 50 localidades habilitadas para fiscalizar velocidades a través de acuerdos específicos.
En ese marco, Torres precisó que se revisarán las homologaciones técnicas de los cinemómetros, su ubicación y las condiciones bajo las cuales fueron autorizados.
“Estamos analizando todos los convenios que tenemos con las distintas localidades, cómo están instalados los radares y si cumplen realmente una función preventiva”, sostuvo.
Además, advirtió que aquellos dispositivos que no tengan una justificación clara en materia de seguridad vial podrían ser retirados. “Si creemos que un cinemómetro no es conveniente o no cumple una finalidad preventiva, lo vamos a sacar”, afirmó.
El debate sobre las competencias
Uno de los puntos centrales del análisis jurídico está vinculado a la superposición de facultades entre Nación y Provincia en materia de control vial.
Santa Fe mantiene una adhesión parcial a la Ley Nacional de Tránsito, situación que genera interpretaciones diferentes sobre quién tiene la potestad para fiscalizar y sancionar infracciones en rutas nacionales y provinciales.
En ese sentido, Torres defendió la competencia provincial y aseguró que la APSV conserva el poder de policía sobre las rutas santafesinas. También reconoció que existen convenios firmados con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2020 que ahora serán revisados para evitar conflictos normativos.
Controles preventivos y reducción de accidentes
Desde el organismo provincial remarcaron que la intención no es disminuir la fiscalización, sino optimizarla. Incluso, evalúan reforzar el uso de radares móviles para evitar que los conductores reduzcan la velocidad únicamente en sectores donde conocen la existencia de cámaras fijas.
Como ejemplo de los resultados obtenidos, Torres destacó el caso de la Ruta Nacional 168, donde —según datos oficiales— el porcentaje de vehículos que circulaban con exceso de velocidad bajó del 48% al 15% luego de la instalación de radares.
“El objetivo es prevenir siniestros y salvar vidas. En todos los países donde mejoró la seguridad vial, el camino fue aumentar los controles y la fiscalización”, concluyó el titular de la APSV.
