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20 de agosto de 2019


Las medidas económicas que dispuso el presidente Mauricio Macri después de la dura derrota en las elecciones primarias, en un gesto a las clases media y baja, tendrán un costo de de $51.800 millones para las provincias. Ya que involucran impuestos que se coparticipan entre Nación y las gobernaciones, como IVA e Impuesto a las Ganancias. Alertados por la baja en la recaudación, los mandatarios provinciales del peronismo analizan hacer una presentación judicial.

Como primera medida, mañana los gobernadores peronistas se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde intentarán delinear una estrategia en común frente al paquete de medidas económicas del Presidente, que tienen un fuerte impacto económico en las provincias.

Días atrás recibieron un guiño del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que ganó las elecciones primarias por más de 15 puntos, y con el que están alineados muchos de ellos. El aspirante al Ejecutivo cuestionó medidas como el aumento del 20% del mínimo no imponible de Ganancias y la eliminación del IVA para los alimentos. "Las medidas anunciadas por el Gobierno actúan sobre los efectos y no sobre las causas de la crisis económica que han generado. Con estas medidas solo desfinancian a las provincias", criticó, a través de su cuenta de Twitter.

Fernández consideró que las iniciativas impulsadas por el Presidente son "una muestra más de desaprensión hacia el interior del país". "Todo se hizo sin haber consultado a los gobernadores, cuando son sus provincias las que pierden 1.500 millones de dólares de recaudación fiscal con esas decisiones", criticó.

La semana pasada, tras una reunión con Fernández en su centro de campaña en San Telmo, la gobernadora de Catamarca Lucía Coparcci criticó que las medidas económicas obligan a las provincias a "poner lo que la Nación no va a poner" y consideró además que "son cortoplacistas, no responden a ninguna planificación". Explicó que, en el caso de la provincia que gobierna, el impacto económico por las medidas será de $760 millones.

Las provincia petroleras, pie de guerra

A su vez, Neuquén y Río Negro también estudian recurrir ante la Corte Suprema de Justicia para plantear la inconstitucionalidad del congelamiento de precios por 90 días en la cadena de producción de combustibles. El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, había confirmado que el gobernador Omar Gutiérrez instruyó al fiscal de Estado "para que tome medidas judiciales que correspondan en defensa de los recursos de la provincia y en defensa de los derechos que le corresponden".

En la misma línea, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó a la agencia Télam la necesidad de establecer medidas de alivio pero entendió que "este costo no debe ser pagado solamente por las provincias ya que con este congelamiento del precio de los combustibles ni Nación ni las empresas hacen ningún aporte".

 

Fuente:  TN