Se convirtió en ley la adhesión de la provincia de Santa Fe a Ley Micaela que fue sancionada a nivel nacional. La normativa establece la obligatoriedad de capacitaciones en género en los distintos ámbitos del Estado. Algunos legisladores destacaron que si bien llega tarde, afortunadamente se pudo conseguir.
La diputada Cesira Arcando, una de las propulsoras del proyecto, relató un caso de acoso laboral que sufrió en carne propia durante mucho tiempo cuando trabajaba en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación en Rosario: "Cuando era funcionaria por parte de mi superior jerárquico, recibí un acoso laboral, yo realicé una denuncia, entre otras cosas porque me bajó la calificación de 'distinguido' a 'bueno' mientras yo estaba de licencia por embarazo".
La legisladora indicó que hizo la denuncia en ese momento, pero considera que estas capacitaciones pueden ayudar a prevenir este tipo de casos.
