La Cámara Federal de Casación Penal dio un nuevo paso en la causa por el atentado a la AMIA al convocar para el próximo 10 de septiembre a una audiencia clave en la que escuchará los argumentos de las partes antes de resolver si ratifica la validez del juicio en ausencia contra diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en el ataque terrorista ocurrido en 1994.
La convocatoria fue dispuesta por el juez Diego Barroetaveña, integrante de la Sala II del máximo tribunal penal del país. La audiencia comenzará a las 10 y abordará el recurso presentado por la defensa oficial, que cuestiona la constitucionalidad de la Ley 27.784, norma que habilita la realización de juicios en ausencia.
La integración del tribunal
Además de fijar la fecha de la audiencia, la Cámara completó la integración de la Sala II para resolver el planteo.
En reemplazo del juez Alejandro Slokar, quien se encuentra apartado de la causa desde 2011, fue designado el camarista Carlos Mahiques. De esta manera, la decisión quedará en manos de Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña.
El tribunal deberá determinar si el proceso puede avanzar bajo la modalidad de juicio en ausencia contra los diez imputados, quienes nunca comparecieron ante la Justicia argentina.
El reclamo de la AMIA
La decisión de Casación se conoció el mismo día en que se realizó el acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, que dejó 85 personas fallecidas y cientos de heridos el 18 de julio de 1994.
Durante la ceremonia, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, reclamó públicamente que la Cámara resuelva con rapidez la situación procesal y permita avanzar hacia el juicio en ausencia previsto por la legislación vigente.
La entidad sostiene que ese mecanismo representa una herramienta para impulsar el juzgamiento de los acusados, quienes permanecen prófugos y nunca pudieron ser indagados por la Justicia argentina.
El debate sobre el juicio en ausencia
La discusión judicial se centra en la constitucionalidad de la Ley 27.784.
La defensa oficial sostiene que la norma vulnera garantías constitucionales, al considerar que impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio en caso de presentarse voluntariamente o ser detenidos en el futuro. Además, argumenta que el mecanismo podría afectar el desarrollo de la investigación y limitar el análisis de otras hipótesis.
El debate comenzó a mediados de 2025, cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó la realización del juicio en ausencia a pedido de la fiscalía y de familiares de las víctimas.
Esa resolución fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal porteña, pero la defensa presentó un recurso extraordinario que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras tanto, la Cámara Federal ya ordenó a Rafecas avanzar con los pasos necesarios para elevar la causa a juicio, aun cuando la definición sobre la constitucionalidad del procedimiento permanece pendiente en el máximo tribunal penal federal.
