Dolly Edith Viale de Garrido, una partera jubilada de 88 años que trabajó durante años en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario, fue imputada en una causa federal que investiga la presunta supresión de identidad de bebés y su entrega a otras familias a cambio de dinero.
La acusación fue formulada por la fiscal federal Soledad García durante una audiencia realizada en los Tribunales Federales de Rosario, ante el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz. La mujer decidió no declarar. La investigación también alcanza a su hermana Silvia, quien se desempeñaba como partera durante el mismo período.
El caso que dio origen a la imputación ocurrió en 1970. Según la Fiscalía, Viale de Garrido habría confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos sobre la filiación de una beba, a quien se identificó como Carmen Quiroga. La acusación sostiene que la niña fue separada de su madre biológica y entregada a una familia que habría pagado por ello.
La fiscalía encuadró los hechos como supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años, además de falsedad ideológica de instrumento público.
Una identidad que comenzó a ser cuestionada
Carmen Quiroga relató que durante años tuvo dudas sobre sus orígenes. Antes de morir, su madre de crianza le habría contado que había nacido alrededor del 27 de diciembre de 1969, aunque su partida indicaba que el nacimiento había ocurrido el 9 de enero de 1970 en el Hospital Roque Sáenz Peña.
En 2012, Carmen pidió realizar un estudio de ADN junto a quien creía que era su madre. El resultado determinó que no existía vínculo biológico entre ambas.
A partir de esa información, comenzó a reconstruir su historia familiar y presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal Rosario el 15 de abril de este año. Según su relato, su madre biológica era una joven que no podía hacerse cargo de su crianza y habría sido enviada a una zona rural de Mar del Plata luego de la entrega de la niña.
La investigación sostiene que para concretar la inscripción de Carmen se incorporaron datos falsos en un documento público y que Viale de Garrido certificó, en su condición de partera, un nacimiento que no habría ocurrido de la manera consignada.
Durante la audiencia, la defensa planteó que la causa estaba prescripta. El juez rechazó el planteo al considerar que se trataría de un delito continuado, cuyos efectos se mantienen mientras no se determine la identidad de las víctimas. Además, autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada.
Otras denuncias
El expediente no se limita al caso de Carmen. La Fiscalía investiga denuncias de otras personas que buscan reconstruir su origen biológico y que vinculan a Viale de Garrido con sus respectivas historias.
Entre ellas se encuentran Roberto Fargioni, Silvina Garrido —criada como hija de la propia partera—, Sandra Solsona, Ángeles Camarasa y Andrés Gómez. También fueron denunciadas actuaciones atribuidas a Silvia Viale por parte de Marina Andreani y Andrea Camusso.
De acuerdo con la información difundida sobre la causa, hasta el momento son ocho las denuncias que abarcan hechos ocurridos entre las décadas de 1960 y 1980, período en el que las hermanas Viale trabajaron en el Hospital Roque Sáenz Peña y, según los denunciantes, también atendieron partos en una vivienda ubicada frente al entonces Batallón 121 de Rosario.
La investigación busca determinar si existió un mecanismo sistemático de separación de recién nacidos de sus madres biológicas y posterior inscripción con identidades diferentes. Para las personas que impulsan las denuncias, el objetivo central es reconstruir sus historias familiares y conocer su verdadero origen biológico.
