La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de reforma del Régimen de Zonas Frías, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que busca reducir los subsidios al gas natural en gran parte del país. La propuesta consiguió media sanción luego de más de once horas de debate y fue girada al Senado para su tratamiento definitivo.
El oficialismo logró reunir los votos necesarios con el respaldo del PRO, la UCR y legisladores vinculados a distintos gobernadores provinciales. El resultado final fue de 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones.
La reforma apunta a revertir la ampliación del régimen aprobada en 2021, durante el gobierno anterior, cuando el beneficio se extendió de 950 mil hogares a cerca de 4 millones de usuarios. De avanzar la ley, el subsidio volvería a concentrarse principalmente en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
Según estimaciones parlamentarias, alrededor de tres millones de usuarios dejarían de recibir descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el impacto alcanzaría a menos de dos millones de hogares.
Uno de los cambios centrales del proyecto es el nuevo criterio para acceder al beneficio. El esquema dejaría de basarse principalmente en la ubicación geográfica y pasaría a enfocarse en la situación socioeconómica de cada familia. De esta manera, mantendrán el subsidio total aquellos usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y hogares con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad.
Además, el descuento ya no se aplicaría sobre la totalidad de la factura, sino únicamente sobre el consumo medido de gas natural, dejando afuera el cargo fijo.
La discusión legislativa estuvo atravesada por intensas negociaciones entre la Casa Rosada y distintos gobernadores. Algunos mandatarios provinciales habían expresado reparos por el impacto económico que tendría la medida en sus distritos. Finalmente, el Ejecutivo ofreció compensaciones vinculadas a la tarifa eléctrica para provincias del norte y centro del país, entre ellas Santa Fe.
El proyecto también contempla mecanismos para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, un punto que generó fuertes cuestionamientos desde la oposición. Legisladores de distintos bloques denunciaron que la iniciativa implica un “tarifazo” para millones de hogares y cuestionaron que, mientras se reducen subsidios a usuarios residenciales, se habiliten beneficios para empresas energéticas.
Entre las zonas que podrían perder el beneficio figuran municipios de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y Pergamino; departamentos del centro y sur de Córdoba; localidades de Mendoza, La Pampa, San Luis y sectores del sur santafesino, incluida Rosario.
Desde el oficialismo defendieron la reforma al señalar que el sistema vigente terminó beneficiando a usuarios de altos ingresos y generó un fuerte costo fiscal. En ese sentido, remarcaron que el objetivo es concentrar la asistencia estatal únicamente en los sectores considerados vulnerables.
